La reforma habría sido adoptada mediante un acuerdo emitido por la Contraloría, en el que argumentó la necesidad de "optimizar el rendimiento de su sistema", sobrepasado por el tráfico.
El alcalde cuestionó con dureza el informe de la Contraloría General del Estado, al que calificó como un documento que “no entiende nada” del proceso de compra de los vehículos.
De acuerdo con José Julio Neira, entre los principales inclumplimientos detectados constan la no utilización de las herramientas informáticas del portal de compras públicas, de uso obligatorio.
La entidad descubrió inconsistencias en contratos para la gestión externa de desechos, relaciones no declaradas entre proveedores y falencias en la adquisición de medicamentos y reactivos de laboratorio.
