Esta medida violaría el derecho ciudadano de acceso a la información pública, control social y desclasificación, según la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).
En total son 68 funcionarios, de distintas casas de salud del país, que habrían incurrido en una serie de irregularidades en la adquisición de fármacos e insumos.
La reforma habría sido adoptada mediante un acuerdo emitido por la Contraloría, en el que argumentó la necesidad de "optimizar el rendimiento de su sistema", sobrepasado por el tráfico.
La entidad descubrió inconsistencias en contratos para la gestión externa de desechos, relaciones no declaradas entre proveedores y falencias en la adquisición de medicamentos y reactivos de laboratorio.
El contralor Mauricio Torres aseguró que en 59 de 110 exámenes a las declaraciones patrimoniales de servidores judiciales se hallaron “diferencias injustificadas en activos y pasivos”.
