Esta medida violaría el derecho ciudadano de acceso a la información pública, control social y desclasificación, según la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).
En total son 68 funcionarios, de distintas casas de salud del país, que habrían incurrido en una serie de irregularidades en la adquisición de fármacos e insumos.
Antes de la crisis de El Salitral y Quevedo, el mismo esquema se ensayó en Loja. Un informe de la Contraloría revela las irregularidades en un contrato de USD 20 millones que no encendió ni un foco.
La reforma habría sido adoptada mediante un acuerdo emitido por la Contraloría, en el que argumentó la necesidad de "optimizar el rendimiento de su sistema", sobrepasado por el tráfico.
El alcalde cuestionó con dureza el informe de la Contraloría General del Estado, al que calificó como un documento que “no entiende nada” del proceso de compra de los vehículos.
De acuerdo con José Julio Neira, entre los principales inclumplimientos detectados constan la no utilización de las herramientas informáticas del portal de compras públicas, de uso obligatorio.
La entidad descubrió inconsistencias en contratos para la gestión externa de desechos, relaciones no declaradas entre proveedores y falencias en la adquisición de medicamentos y reactivos de laboratorio.
Santiago Díaz, denunciado por violación a una menor de edad, informó que se acoge a una licencia para defenderse de lo que califica como calumnias. Aquí, su trayectoria y el patrimonio que declaró.
El contralor Mauricio Torres aseguró que en 59 de 110 exámenes a las declaraciones patrimoniales de servidores judiciales se hallaron “diferencias injustificadas en activos y pasivos”.
