La normativa fue reactivada a pedido de la bancada oficialista ADN tras el reciente dictamen que ordenó a Ecuador pagar 220 millones de dólares a la petrolera Chevron.
Por el caso "Chevron", Ecuador pudo haber enfrentado una condena superior a los USD 3.000 millones. Según ADN, la actuación del correísmo llevó a una millonaria reparación por parte del país.
