La intervención se realizó de forma conjunta entre varias entidades municipales y la Policía Nacional, tras evidenciarse condiciones que comprometían el bienestar de los animales.
Según la casa editorial, la medida se basa en la supuesta negativa de la empresa a entregar información solicitada por Inmobiliar, entidad que alega ser accionista del 2,56% de esta.
Un estudio científico reveló que dos de cada tres filetes vendidos como corvina en mercados de cuatro ciudades de la Sierra ecuatoriana son carne de tiburón, mal etiquetada y vendida sin una identificación precisa.