Contraloría halla indicios de responsabilidad penal en la compra de 60 trolebuses en Quito
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, es señalado por firmar un memorando de entendimiento.
La Contraloría General del Estado halló una serie de irregularidades en la adquisición de 60 trolebuses eléctricos por parte del Municipio de Quito. La auditoría sugiere responsabilidades administrativas por más de USD 79 mil y civiles por USD 2.5 millones.
La institución realizó un examen a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) y analizó los procesos que se llevaron a cabo para la compra de trolebuses a través de un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en el marco de la iniciativa ‘Movilidad Sostenible’.
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Esta acción de control enfocó su análisis en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2025. Los resultados fueron reveladores.
Según la Contraloría, la adquisición de los trolebuses se efectuó sin acatar las recomendaciones del Servicio de Contratación Pública (Sercop) ni las condiciones del proyecto de inversión, omitiendo los procedimientos usuales de la contratación pública.
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LA FIRMA DE PABEL MUÑOZ
El informe de la auditoría señala que la compra no se efectuó mediante un proceso de subasta inversa, como había recomendado el Sercop.
Esto debido a que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, prefirió suscribir un memorando de entendimiento con la UNOPS, con base en el cual, y sin una coordinación previa, el Gerente General de la EPMTPQ invitó a la UNOPS a presentar una propuesta.
Posteriormente, se firmó un memorándum de acuerdo para la adquisición de trolebuses eléctricos, sin considerar lo establecido en el proyecto de inversión.
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La Contraloría también indica que el Directorio de la EPMTPQ no solicitó al Gerente General las aclaraciones, ampliaciones o informes que permitan adoptar decisiones que aseguren el cumplimiento de lo estipulado en el proyecto.
En las mesas de trabajo previas a la suscripción del memorándum de acuerdo, tampoco hubo respaldos documentales sobre costos de implementación e indirectos pagados a la organización en función de los productos y plazos acordados, ni las condiciones económicas.
Todas estas irregularidades habrían ocasionado un perjuicio de USD 2.5 millones, correspondientes a los pagos realizados a la UNOPS por concepto de costos de implementación e indirectos, omitiendo los procedimientos de contratación pública.
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SIN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La Contraloría manifiesta que el Gerente Técnico, el Coordinador de Mantenimiento de la Flota, Encargado y los Especialistas de Mantenimiento aprobaron el diseño del prototipo del trolebús eléctrico sin considerar las especificaciones técnicas previstas en el contrato.
De hecho, los trolebuses no cumplieron 15 de las 80 especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
Estos detalles no fueron observados por las personas que integraron la comisión de entrega recepción, lo que originó que los trolebuses eléctricos no garanticen la seguridad integra y física de los usuarios.
Los hallazgos muestran indicios de responsabilidad penal, que la Contraloría enviará a la Fiscalía para el trámite correspondiente.
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