El decreto introduce cambios en el régimen de compras públicas, con énfasis en agilizar contrataciones, permitir procesos confidenciales y reforzar el sistema de sanciones.
De acuerdo con José Julio Neira, entre los principales inclumplimientos detectados constan la no utilización de las herramientas informáticas del portal de compras públicas, de uso obligatorio.
Una de las razones que tuvo el Ejecutivo para enviar este proyecto de ley a la Asamblea Nacional es para combatir la corrupción en la contratación pública.
