Las claves de la ley para reformar la contratación publica, con la que Daniel Noboa quiere combatir la corrupción
Una de las razones que tuvo el Ejecutivo para enviar este proyecto de ley a la Asamblea Nacional es para combatir la corrupción en la contratación pública.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]La contratación pública en 2024 superó los ocho mil millones de dólares, es decir, alrededor del 6,5% del Producto Interno Bruto del Ecuador, según Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia de la República. El dinero se gasta en obras, consultorías, servicios contratados, etc., pero siempre se ha cuestionado la eficiencia de esas contrataciones y los escándalos de corrupción que saltan cada dos por tres.
Por eso, el presidente Daniel Noboa envío a la Asamblea, con el carácter de económico urgente, el Proyecto de Ley para Innovar la Gestión Pública, con la que se reforma varios artículos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Pero al mismo tiempo también modifica otras leyes que no tienen que ver con la contratación pública como el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para endurecer las sanciones tanto para adolescentes como para jueces, fiscales y abogados.
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Ahora, este proyecto se tramita en la Comisión de Desarrollo Económica, presidida por Valentina Centeno. Ya recibió a varios delegados de instituciones del Estado, representantes del sector productivo y expertos en compras públicas. El pasado jueves 12 de junio ya se aprobó el informe para primer debate. A continuación, algunos de los cambios que se proponen en esta normativa en materia de contratación pública.
Clave 1: El combate de la corrupción en la contratación pública
Una de las razones que tuvo el Ejecutivo para enviar este proyecto de ley a la Asamblea Nacional es para combatir la corrupción. En el texto enviado por la Presidencia al Legislativo se menciona que "la contratación pública, como uno de los principales mecanismos a través de los cuales el Estado ejecuta sus políticas y proyectos, históricamente ha sido vulnerable a la ineficiencia, la opacidad; y, en algunos casos, la corrupción".
En los artículos propuestos se plantea varios cambios al Servicio Nacional de Contratación Pública, al Sistema Nacional de Contratación Pública, al Portal de Contratación Pública, al Registro Único de Proveedores (RUP), entre otros.
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Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia de la República, en su intervención en la Comisión, indicó que el proyecto permite identificar proveedores y darle un seguimiento adecuado a los contratos que han recibido previamente y categorizarlos con parámetros que permitan identificar y medir su éxito en procesos anteriores.
"El proyecto de ley tiene temas interesantes como los controles electrónicos con herramientas tecnológicas que permitan de alguna manera una mejor revisión de los procesos de contratación pública y en mérito de ello poder detectar ciertas inconductas o ilegalidades en el caso que ocurriera", indica Luis Alberto Andrade, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), experto en contratación pública.
Andrade menciona que una de las tareas pendientes es reforzar el subsistema nacional de control para articular acciones y controlar la contratación pública.
"Hasta la fecha no ha funcionado de una manera adecuada porque no existe una interconexión entre bases de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Eso nos puede ayudar a realizar investigaciones en el ámbito de sus competencias con respecto a potenciales inconductas o incluso delitos por parte de cualquier proveedor del Estado, de funcionarios o gobiernos públicos, inclusive", señala el catedrático de la UASB.
En este tema, Andrade enfatiza que la Superintendencia de Competencia Económica debe cumplir un rol más protagónico. "Muchas de las inconductas o potenciales delitos en contratación pública son malas prácticas en materia de competencia, por ejemplo, la colusión", indica.
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En tanto que Lissette Tasigchana, docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), experta en contratación pública, señala que la propuesta inicial es buena ya que tiene previsto realizar una reingeniería en la contratación pública.
"Pero la ley no lo es todo, la normativa tiene que ir acompañada de un buen reglamento. También tiene que ir de la mano de un buen sistema que nos permita establecer candados y procesos adecuados y óptimos", afirma Tasigchana.
Para ella, es primordial que haya interconexión de datos de las diferentes instituciones de control. Además, destaca que en esta reforma se promueve la participación de veedores en todos los procesos de contratación pública. "Las veedurías pueden contribuir en la ejecución de correctos procesos de contratación pública".
Otra de las novedades que trae la propuesta es la evaluación periódica al servidor público, incluyendo la capacitación permanente. Esto ayudaría a mejorar los procesos de contratación pública. "Las personas que trabajan en áreas que son muy técnicas deberían tener el conocimiento adecuado, porque no solamente hablamos de corrupción en el momento de que existe una dádiva de por medio, sino también de que si no conozco algo, puedo tender a cometer errores. Entonces, eso también podría ser cuestionado", indica Tasigchana.
Clave 2: La inteligencia artificial en la contratación pública
En esta reforma se plantea que el desarrollo y la administración del Portal de Contratación Pública se manejará bajo el concepto de datos abiertos, sin perjuicio de que se establezcan las políticas de uso de la información. También se establece que las herramientas y los instrumentos permitan su fácil acceso, consulta a todo tipo de documentación, datos y reportes.
"Los exámenes que realicen las entidades de control deberán efectuarse sobre la información que consta en dicha herramienta e instrumentos, sin perjuicio de la revisión de documentación o expedientes físicos que consideren necesario", indica la reforma sobre el Portal de Contratación Pública.
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“Esta iniciativa nos desafía a crear un sistema con información pública interconectada, inteligencia artificial y algoritmos que permitan detectar alertas tempranas, evitar actos de corrupción y direccionamiento en la adjudicación de procesos”, manifestó María José Carvajal, subdirectora del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), en su intervención en la comisión.
La funcionaria indicó que el nuevo proceso será automatizado y evitará la discrecionalidad subjetiva del servidor público, lo que repercutirá en el ahorro de alrededor del 15% del tiempo por proceso.
En esta reforma se plantea que el RUP disponga de mayor información sobre los proveedores. Además, se enfatiza en el uso de tecnologías para realizar el control. "La norma plantea que sea a través de sistemas o programas debidamente estandarizados, es decir, ya no interviene el personal humano. También ayudaría mucho la inteligencia artificial, la big data. Con todo esto, si establecemos los candados apropiados podríamos evitar que exista alguna conducta inapropiada por parte de funcionarios y proveedores", indica Lissette Tasigchana, docente de la UIDE.
Clave 3: El presupuesto para el Sistema Nacional de Contratación Pública
Para que se ejecuten los cambios propuestos en el proyecto de ley se estableció varios mecanismos de financiamiento. Entre ellos se propone que el SERCOP defina tasas y tarifas. Aunque eso ya estaba definido en la vigente ley, la preocupación de Luis Alberto Andrade, de la UASB, es que a raíz del establecimiento de los derechos de inscripción en el RUP y las contribuciones especiales se conviertan en barreras para que participen los pequeños y medianos proveedores.
Otro factor clave es el presupuesto. En la reforma se establece que el SERCOP recibirá recursos del Presupuesto General del Estado, pero no se definen parámetros de cómo se va a definir montos. Ni tampoco de cómo se va a financiar inicialmente las inversiones que tiene que realizar esta institución.
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"Es positivo que se le otorgue la capacidad al SERCOP para poder establecer estas tasas y de alguna manera paliar este hueco que ha venido arrastrando por falta de recursos, pero también hay que establecer que estas tasas no pueden ser exorbitantes porque podría ser una barrera para la participación de los proveedores en materia de contratación pública", señala Luis Alberto Andrade.
Lissette Tasigchana indica que en la ley vigente sólo el proveedor ganador estaba obligado a cancelar las tasas por el tema de pliegos, ahora se tiene en cuenta otros aspectos para cobrar, incluida la inscripción en el sistema. "Habría que hacer una tasa moderada para que no tengamos que impedir la participación del pequeño y el mediano proveedor, que básicamente son los que podrían sufrir una especie de consecuencia o alguna traba en la participación", señala la experta de la UIDE.
Clave 4: Beneficios para proveedores que denuncien irregularidades
En la nueva ley se propone que los proveedores del Estado que denuncien actos de corrupción de los servidores públicos del SERCOP y que permitan detectar irregularidades, obtendrán una mejor valoración por su integridad en el RUP. Esto les permitirá acceder a preferencias en los procesos de contratación pública.
Para Luis Alberto Andrade, esto tiene dos caras, al igual que las monedas. De un lado es positivo que se promueva la presentación de denuncias, pero del otro, el experto indica que si no se define de forma precisa cuál va a ser la gestión de estas denuncias, puede convertirse en una herramienta para detener procesos de contratación pública.
"Esto podría traer un mercadillo de denuncias falsas, que no necesariamente conduzcan a perseguir un delito, sino simplemente lo hagan los proveedores inescrupulosos con la finalidad de obtener esos beneficios", indica el catedrático.
Clave 5: Otros parámetros para valorar una oferta de un proveedor del Estado, más allá del precio más bajo
Uno de los cambios que se ve con buenos ojos es la inclusión del valor del dinero en la contratación pública. Esto significa que se tiene que considerar varios parámetros, como la calidad, la experiencia del proveedor, la tecnología a usarse, antes que el precio más bajo.
"El valor por dinero va a ayudar mucho a que no se considere sólo el precio más bajo. Esto es muy importante porque se pueden establecer otros estándares que permitan tener una calidad óptima", indica Lissette Tasigchana.
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En este caso, según Tasigchana, también hay una línea tan delgada entre establecer una característica adecuada o específica para el proceso de contratación pública y favorecer a un oferente o vulnerarse algún principio. Lo ideal, en este caso, sería definir esos parámetros en el reglamento de la ley.
Bonus track: De reforma a una nueva ley de contratación pública
Los expertos consultados consideran que el Proyecto de Ley para Innovar la Gestión Pública debe considerarse como una reforma a la existente ley de contratación pública. El siguiente paso debería ser una reforma integral en materia de contratación pública, es decir, una nueva ley.
"Este tiempo tan corto, para tratar una ley económica urgente, tal vez no permite profundizar en el debate y en otros temas que se debería visibilizar e incluir en materia de contratación pública", indica Luis Alberto Andrade.
Para Andrade, en los cambios a la normativa ecuatoriana se debería considerar algunos aspectos que se han considerado en otros países como Costa Rica. Allí se regula el tema de la sostenibilidad en materia de contratación pública. Mientras que en Perú se ha fortalecido el principio de integridad pública, con la que se obliga a los servidores públicos a generar políticas de compliance.
"Podemos construir cuerpos normativos maravillosos. Si esto no se aterriza de manera adecuada en las actividades y atribuciones de los entes de control y de las instituciones públicas que ejercen la contratación pública, no va a pasar mucho", concluye el docente de la UASB.
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