Tres normas económicas urgentes más la Ley de Inteligencia, replanteada por el movimiento oficialista en la Asamblea, suman una treintena de demandas de inconstitucionalidad.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que, pese a su condición de áreas protegidas, han sido tomadas por el crimen.
Una de las razones que tuvo el Ejecutivo para enviar este proyecto de ley a la Asamblea Nacional es para combatir la corrupción en la contratación pública.
Esta norma establece medidas legales y fiscales para combatir la financiación de las mafias, proteger a la población civil y fortalecer las fuerzas del orden.
Tras haber llenado de esperanza a ciudadanos al haber dicho que emitiría este miércoles una de las noticias "más importantes para la industria del espectáculo" , el ministro Olsen se pronunció de nuevo.
