Reacciones a la nueva ley económica urgente para regular gastos en gobiernos locales
Esta nueva normativa puso en evidencia las posturas contrarias entre el oficialismo y el correísmo.
Con 77 votos, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la ley económica urgente para garantizar la eficiencia del gasto en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Esta normativa modificó la regulación de gastos en los municipios, prefecturas y juntas parroquiales.
La sesión se realizó en la Universidad Ecotec, en Samborondón. En ella, 71 legisladores votaron en contra. Además, se registró una ausencia. Ahora, está en manos del presidente Daniel Noboa si realiza o no alguna objeción.
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Esta nueva normativa puso en evidencia las posturas contrarias entre el oficialismo y el correísmo. Valentina Centeno, presidenta de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, destacó que este proyecto económico urgente permitirá que el dinero que llega a los gobiernos locales se destine a obras y servicios públicos que necesita la gente.
"Tenemos una oportunidad de corregir la forma en la que se está invirtiendo el gasto público, para que se invierta en obra pública. Debe poner primero el agua, debe poner primero al alcantarillado, debe poner primero al pueblo", afirmó Centeno, de ADN.
Mientras que la asambleísta Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, criticó esta nueva normativa. "ADN y sus aliados le dieron la espalda a los sectores más vulnerables. 77 votos con nombre y apellido que deberán rendir cuentas en cada provincia, cuando se cierren programas de salud, se debilite la educación y desaparezcan proyectos comunitarios que sostienen a miles de familias", indicó la legisladora.
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La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, señaló que para la construcción de esta ley se escucharon a todos los sectores. "Con el respaldo de los alcaldes a la reforma del Cootad, fortalecemos el desarrollo local para asegurar que el gasto público se convierta en obras para la ciudadanía", señaló la funcionaria.
Además, la ministra ratificó que esta normativa busca el orden fiscal. "No se va a eliminar ningún proyecto social", destacó Morillo. Y añadió que "quien administra bien no tiene nada que temer; quien despilfarra, sí".
Posturas a favor y en contra de la nueva ley para los gobiernos locales
Wilson Cañizares, alcalde de Daule, señaló que "la sostenibilidad fiscal no es una amenaza, es una herramienta que nos permite fortalecer la planificación y la credibilidad financiera en nuestros municipios".
Cañizares indicó que su municipio destina el 70% del presupuesto en obra pública y proyectos de inversión.
En el lado opuesto, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, afirmó que la reforma de ley aprobada por la Asamblea Nacional atenta contra los gobiernos locales, los municipios y Quito.
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"Mientras la sociedad ha defendido la actual Constitución con sus votos, la Asamblea la ha violentado otra vez. Por eso vamos defender a Quito, a su autonomía y a los gobiernos locales", señaló Muñoz.
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, también rechazó la nueva ley. "Estos centralistas han votado en contra de la autonomía municipal y en contra de proyectos sociales que poco a poco irán desapareciendo. Centralistas, Judas todos", indicó.
En respuesta, el asambleísta Adrián Castro Piedra, de ADN, criticó la gestión de Zamora. "Pero alcalde, la ley no dice nada contra los proyectos sociales, yo le recomiendo que más bien vaya haciendo desaparecer esos gastitos que si van a dejar de ser de inversión y se van a convertir en gasto como los sueldos de sus 'coordinadores'", señaló el legislador azuayo.
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