Según el Comité Permanente de Derechos Humanos, miembros de las Fuerzas Armadas estarían implicados en un operativo en Guayaquil donde se habrían tomado a jóvenes de entre 11 y 15 años.
La propuesta del Ejecutivo incluía regulaciones de control y reformas institucionales como el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (Uafe).
