Las comisiones de Participación Ciudadana, de mayoría oficialista, y de Garantías Constitucionales, con mayoría correísta, se disputan la fiscalización.
Una de las razones que tuvo el Ejecutivo para enviar este proyecto de ley a la Asamblea Nacional es para combatir la corrupción en la contratación pública.
La Revolución Ciudadana dijo que toma esta decisión debido a que el representante de Galápagos ha votado constantemente de manera contraria a las decisiones del movimiento.
Esta norma establece medidas legales y fiscales para combatir la financiación de las mafias, proteger a la población civil y fortalecer las fuerzas del orden.
Una vez que pasó el segundo debate, la propuesta de ley volvió a la Comisión de Seguridad Integral para añadir las recomendaciones de los asambleístas.
