Gobierno envía a la Asamblea reforma para frenar el reclutamiento de menores por el crimen organizado
El reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, se ha consolidado como una práctica sostenida en varios territorios del país.
Este miércoles 21 de enero, el Gobierno entregó a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para prevenir y erradicar el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA), con el fin de enfrentar a las estructuras de delincuencia organizada y proteger a la niñez.
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El proyecto fue entregado por la vicepresidenta de la República, María José Pinto, y el ministro del interior, John Reimberg a la asambleísta oficialista (ADN) Valentina Centeno.
Durante el acto, Pinto señaló que la propuesta legislativa pone en el centro a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. “Esta ley mira a los niños no como cifras ni como casos, sino como personas en desarrollo, con sueños, con talentos y con una enorme capacidad de salir adelante cuando el mundo adulto está presente”, afirmó.
De su parte, Reimberg señaló que el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes vulnera gravemente sus derechos, rompe el tejido social y representa una amenaza directa para la seguridad del Estado.
Reforma incluye endurecimiento de penas
El reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, se ha consolidado como una práctica sostenida en varios territorios del país, donde los menores de edad son captados, coaccionados o instrumentalizados para participar en actividades ilícitas de diversa naturaleza.
De acuerdo a lo argumentado por el Ejecutivo, los grupos de delincuencia organizada emplean a los menores como “escudo legal”, para evadir su responsabilidad penal y reducir el riesgo operativo de sus actividades ilícitas.
Como respuesta, la propuesta legal propone endurecer las sanciones penales contra las personas adultas responsables de este delito, con una pena privativa de libertad de hasta veintiséis años.
También propone garantizar un tratamiento judicial especializado para los adolescentes involucrados en estos procesos.
Además, incorpora el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, así como el delito de extorsión, dentro del régimen de denuncia con reserva de identidad previsto en el artículo 430 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), lo que permitirá reforzar la investigación penal y la protección de quienes denuncian.
Según el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto de ley será enviado a la Unidad de Técnica Legislativa para la elaboración del informe no vinculante y posterior decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Los cuerpos normativos que se reforman son: Código de la Niñez y Adolescencia; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Código Orgánico Integral Penal; Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización; Ley Orgánica de Salud Mental; Ley Orgánica de Educación Intercultural; Ley Orgánica de Educación Superior; Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; Ley Orgánica de Cultura; Ley del Deporte, Educación Física y Recreación; y, Ley de Seguridad Pública y del Estado.
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