Caso Blanqueo Fito | ¿Defensores públicos contra el Estado? Unos pidieron la nulidad y otro ahora defiende a la esposa del narco
La esposa de alias Fito se encuentra prófuga de la justicia, mientras que en Ecuador su defensa está a cargo de un exdefensor público.
El 15 de julio de 2025, exactamente cinco días antes de ser extraditado a Estados Unidos, José Adolfo Macías Villamar, debía rendir su versión libre y voluntaria por el presunto delito de lavado de activos en el caso denominado Blanqueo Fito. Allí, según el video de la audiencia, al que Vistazo.com tuvo acceso exclusivo, el cabecilla de la banda criminal Los Choneros, pidió específicamente el respaldo de un abogado, quien en ese entonces ejercía como defensor público.
En el video se observa a alias Fito vistiendo una camiseta naranja, mientras en la pared del fondo cuelga una imagen de Jesucristo, en lo que sería una habitación del centro carcelario La Roca, donde estuvo recluido.
La comparecencia programada para ese martes de julio de 2025 no pudo realizarse debido a la falta de defensa y fue reprogramada para tres días después.
Pero, el nombre que solicitaba Fito era el de un abogado con amplia trayectoria en el ámbito de la defensa pública. Desde abril de 2016 inició su carrera como ayudante judicial en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí. Ese mismo año, según registros de la Contraloría, ascendió al cargo de defensor público y se desempeñó en las ciudades de Portoviejo y Manta, en la provincia de Manabí.
En la última actualización del reporte, correspondiente a julio y agosto de 2025, la Contraloría señala que Mieles figuraba en esa fecha como defensor público, en el cantón Jama.
El 18 de julio, Fito sí compareció, aunque asistido por otro abogado privado que lo representó exclusivamente en esa diligencia, la que sería su última intervención. Dos días después, el cabecilla de Los Choneros fue extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de drogas y armas.
Aunque el requerimiento para que Mieles lo asistiera no se concretó, el 27 de agosto de 2025 éste se presentó como defensa privada de Inda Peñarrieta, esposa de Fito; de su hija Michelle Jamilet Macías, conocida en redes como “Queen Michelle”; de su hijo Adolfo Jair Macías P.; y de la empresa embotelladora Queen Water S.A.
Vistazo.com solicitó información a Mieles, quien respondió que su salida de la Defensoría Pública se produjo "por interés personal en mi crecimiento profesional, presenté mi renuncia irrevocable a dicho cargo el día 17 de julio de 2025, renuncia que fue aceptada el 21 de julio del mismo año".
El abogado aclaró que, bajo la premisa de que “toda persona tiene derecho a la defensa”, en agosto asumió como representante de la esposa de alias Fito.
Peñarrieta y sus hijos, Jair y Michelle, se encuentran prófugos de la justicia. De acuerdo al Ministerio Público, la esposa de Fito, es parte de la estructura familiar delictiva dedicada al lavado de activos que se encontraría organizada en tres brazos o núcleos diferenciados.
Según Fiscalía, esta estructura habría introducido dinero de origen ilícito en el sistema financiero nacional y en la economía en general. Describe que los movimientos no se realizaban únicamente mediante transferencias bancarias, sino que, en su mayoría, se efectuaban a través de la compra en efectivo de bienes muebles e inmuebles.
El Ministerio Público apunta que los implicados ejecutaron diversas operaciones económicas, financieras y societarias destinadas a poseer, administrar, ocultar y, principalmente, "beneficiarse de bienes provenientes de actividades ilícitas".
Al ser consultado sobre por qué cree que alias Fito mencionó su nombre para ser requerido, Mieles afirmó desconocerlo y agregó que no lo ha representado.
“Debo suponer que, si me conoce, es por mis actuaciones durante muchos años como defensor público en la ciudad de Manta, donde participé en numerosas diligencias (audiencias de juicio, testimonios anticipados, entre otras) en las que él estuvo presente como procesado o como víctima, siempre asistido por sus abogados particulares, mientras yo ejercía la defensa de otras partes procesales”, indicó.
También negó que su renuncia esté vinculada a la intención de ejercer la defensa de la familia de Adolfo Macías Villamar.
Jueza negó nulidad solicitada por defensores públicos del narco extraditado
Que un exdefensor público cambiara de bando no fue el único indicio que generó dudas en el caso Blanqueo Fito. Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, mientras que la defensa de los particulares no presentó alegaciones de nulidad, llamó la atención que los defensores públicos sí lo hicieron.
Paulina Carvajal y Santiago Urquizo solicitaron la nulidad de la vinculación de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, así como de otro implicado y dos entidades jurídicas.
Aunque, el pasado 9 de enero de 2026, la jueza anticorrupción Karol Zambrano declaró la validez procesal de todo lo actuado en el caso y en su resolución expuso que el Ministerio Público sí agotó todos los mecanismos idóneos de notificación a las personas representadas por los defensores públicos.
Zambrano, incluso, señaló que la argumentación de los defensores públicos, de que los procesados no designan una defensa privada, sea una limitante o afectación al debido proceso:
De hecho, fuentes de la Fiscalía dijeron sentirse sorprendidas por las actuaciones de ciertos defensores públicos.
Para la abogada penalista Marcela Estrella, estos hechos reflejan una cruda realidad en Ecuador: "El Estado abandona tanto al servidor público que el crimen organizado termina pagando mejor".
Estrella también plantea la complejidad de las circunstancias en las que deben ejercer su labor, por ejemplo, extorsiones, amenazas, presiones o víctimas, que afectan la forma en que los servidores pueden trabajar.
Sin embargo, advierte sobre ciertos perfiles que parecen inclinarse hacia el crimen organizado: "Lo digo con el mayor respeto, es un tema de libertad de trabajo, sin embargo, es algo que Estado no debería obviar".
Con la resolución de la jueza Zambrano, el proceso avanza y la Fiscalía podrá presentar su dictamen acusatorio hasta el 19 de enero, cuando podrá solicitar el llamamiento a juicio de los procesados, personas naturales y jurídicas.
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