Decenas de jóvenes fueron contratados a través de anuncios en redes sociales, en los cuales se mencionaba la búsqueda de “gestores de cobranza” en Quito.
El grupo investigado habría utilizado información de usuarios de aplicaciones de préstamos para realizar cobros mediante intimidación y amenazas. La audiencia de juicio directo fue fijada para el 14 de septiembre.
La investigación ratificó que los jóvenes intentaron ocultar y eliminar evidencias, entre ellas limpiar la escena, cambiarse de ropa y cubrir el cuerpo con un colchón.
La institución concluyó su alegato de cierre y pidió al Tribunal imponer la máxima condena, con agravantes, por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos a gran escala.
El caso tiene que ver con una demanda que puso la empresa China Railway contra el Ministerio de Educación por la construcción de escuelas provisionales.
