Este 8 de enero de 2026, la jueza Karol Zambrano declaró instalada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunto lavado de activos en el denominado caso Blanqueo Fito, luego de que esta fuera diferida por segunda ocasión.
Entre los procesados por presuntas operaciones de lavado de activos están vinculados José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, extraditado a Estados Unidos y actualmente detenido en una cárcel de Brooklyn, así como su entorno familiar.
Entre los implicados constan los padres y hermanos de Verónica Briones, su pareja sentimental; Inda Peñarrieta, su esposa legal, junto a sus hijos; así como los padres y hermanos. El expediente también incluye a personas jurídicas, entre ellas la empresa de agua Queen Water S.A. y de transporte de carga pesada, Jomavi S.A. y Ferro Mundo.
Mientras que la defensa de los particulares no alegó nulidades, los defensores públicos sí lo hicieron. Durante la audiencia, Paulina Carvajal, defensora pública, sostuvo que en el caso del procesado José Adolfo Macías Villamar existió una vulneración "sistemática grave de las garantías del debido proceso", ya que, según su argumento, no fue notificado de la diligencia. En ese sentido, señaló que "se vulneró el derecho a la defensa".
La defensora cuestionó que, dado que Fito fue extraditado a Estados Unidos el 25 de julio de 2025 y posteriormente vinculado el 22 de agosto a esta causa. Según sostuvo, al conocer que el procesado ya no se encontraba en territorio nacional debido a su extradición, no podía aplicarse la regla general del procedimiento.
"Constituye un acto que vulnera los derechos constitucionales, por lo que esta vinculación fue radicalmente nula al momento de realizarse. La Fiscalía no había garantizado la notificación legal y personal a través del mecanismo judicial internacional".
También se refirió a Alex Martínez Paladines, quien, según fuentes, figura como dueño de la casa donde fue capturado Fito. La defensora pública argumentó que también existió un vicio de procedimiento, debido a la falta de notificación y la vulneración del derecho a la defensa. En el mismo sentido, el defensor público Santiago Urquizo, también pidió se declare la nulidad procesal.
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La defensora pública, Carvajal, también solicitó la nulidad de la vinculación de las entidades jurídicas, como Jomavi S.A., al alegar que esta ya fue juzgada y absuelta por el delito de lavado de activos en 2020, en Manta, "configurando una persecución". Asimismo, pidió la nulidad de la empresa Iris Limpieza.
Por su parte, Paúl Salazar, defensor en la audiencia técnica de la UAFE, indicó que la vinculación fue solicitada de forma oportuna y dentro del plazo previsto por la Ley. Sobre Fito, señaló que "Adolfo Villamar tuvo conocimiento de esta investigación por lavado de activos en su contra desde el 18 de julio (día en que compareció desde la cárcel)". Asimismo, pidió la validación de todo lo actuado.
El abogado agregó que "existen diferentes partes policiales que agotaron todos los medios necesarios para identificar el domicilio del procesado".
La audiencia fue aplazada hasta las 15:00 para el receso del almuerzo. Al regresar, se espera la respuesta de la Fiscalía.
La madrugada del 2 de junio de 2025, la Fiscalía –en coordinación con la Policía Nacional– ejecutó un operativo simultáneo en tres provincias, durante el cual se cumplió con la detención de: Yandry Nicomedes M. V. (hermano de ‘Fito’), Jorge Alberto P. T. (cuñado), Verónica Narcisa B. Z. (pareja sentimental, actualmente privada de libertad en la cárcel de mujeres de Guayaquil), José Gregorio B. Z. (hermano de Verónica B.), Ángel Hermelindo B. B. y Dolores Onila Z. S. (padres de Verónica B.).
A ellos se les formuló cargos por el presunto delito de lavado de activos y recibieron prisión preventiva.
Posteriormente, el Ministerio Público vinculó a 10 personas naturales más: José Adolfo M. V. (alias ‘Fito’), Inda Mariela P. T. (esposa), Michelle Jamilet M. P. (hija), Adolfo Jair M. P. (hijo), Ramón José M. I. (padre), Violeta Marisol V. C. (madre), Julio César P. T. (cuñado), Irene Jahaira P. T. (cuñada), Ronald Javier M. V. (hermano), Angie Darleny B. Z. (hermana de Verónica B).
A todos ellos se les dictó prisión preventiva, aunque la esposa del líder criminal, India, y sus hijos están prófugos de la justicia.
Al mismo tiempo, la Fiscalía vinculó a cuatro personas jurídicas: Iris Limpieza Cia Ltda., Transporte de carga pesada Jomavi S.A., Queenwater S.A. y Ferro Mundo S.A. Aparentemente, estas compañías servían como fachada para lavar dinero de orígen ilícito. La jueza dispuso su clausura y suspensión temporal.