La acción fue desarrollada por la Subsecretaría de Migración, en coordinación con el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional del Ecuador y el U.S. Marshals Service.
El endurecimiento de la ofensiva antipandillas ocurre una semana después de que un grupo de destacados juristas internacionales señaló al gobierno de cometer "crímenes de lesa humanidad".
