La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, dio inicio la primera sesión del Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, que reunió a más de una veintena de autoridades del Estado.
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Al encuentro asistieron varios miembros del gabinete ministerial, entre ellos John Reimberg, a cargo de la cartera del Interior y de encabezar la cita; Gabriela Sommerfeld, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Arianna Tanca, responsable de la Mujer y Derechos Humanos; y Gian Carlo Loffredo, de Defensa.
"El presidente ha sido claro, este tema es prioridad nacional. No podemos permitir que ningún niño pierda su infancia a manos del crimen. 17 instituciones nos reunimos porque no es una lucha de un solo ministerio, es un compromiso colectivo, firme y urgente", declaró Pinto al ponerse en marcha la sesión.
Luego de sostener una discusión, se resolvió aprobar la estrategia contra el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos delincuenciales diseñada por el Ministerio del Interior y que se elabore un plan de respuesta a escala nacional en contra de esta problemática dentro de un plazo de treinta días.
La semana pasada, esa cartera de Estado expuso ante el representante en Ecuador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Arturo Romboli, "una política pública centrada en la prevención, la protección de derechos, la promoción de oportunidades y la persecución penal de quienes se benefician de estas prácticas, consideradas una grave violación a los derechos humanos".
El comité abordará su labor a partir de tres enfoques distintos. El primero se enfocará en menores que han sido arrestados o que ya han enfrentado procesos judiciales. El segundo atenderá a aquellos que, sin haber tenido aún conflictos con la justicia, mantienen algún tipo de relación con el conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa en 2024 como respuesta a las bandas criminales.
El último girará en torno a la prevención y estará dirigido principalmente a niños y adolescentes que residen en zonas afectadas en gran medida por la presencia de grupos de delincuencia organizada, previamente clasificadas como sectores conflictivos.
Entre enero y junio de este año, aproximadamente 1.300 menores fueron arrestados por su vinculación al crimen organizado, según datos que dio el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, en una reciente entrevista.
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la Vicepresidencia, por otro lado, en el marco de los encuentros que sostuvo con la Unicef, señaló que entre 2021 y 2023 las detenciones de menores de entre 12 y 17 años se incrementaron en un 20% en todo el país, y que ocho de cada diez homicidios de niños, niñas y adolescentes ocurren en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas.