La funcionaria investigada habría facilitado datos sensibles de procesos judiciales y mantenido comunicación directa con cabecillas de la estructura criminal.
Hasta el momento, ya se han colocado más de 1.600 códigos QR. El protocolo establece que los agentes deben visitar los locales asignados a su jurisdicción.
La Administración de Daniel Noboa ha reiterado en los últimos meses que Italia se ha convertido en uno de los principales aliados en la lucha contra el crimen organizado.
