Se presume que los hechos serían una posible represalia de un grupo delictivo, luego del traslado de alrededor de 15 de sus integrantes a la Cárcel de Latacunga, en Cotopaxi.
La funcionaria investigada habría facilitado datos sensibles de procesos judiciales y mantenido comunicación directa con cabecillas de la estructura criminal.
Hasta el momento, ya se han colocado más de 1.600 códigos QR. El protocolo establece que los agentes deben visitar los locales asignados a su jurisdicción.
