La investigación del caso Malvinas concluyó su etapa de instrucción fiscal. El juez convocó a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los 17 militares implicados en la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad del sur de Guayaquil, ocurrida el pasado 8 de diciembre. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados días después en una zona rural de Taura, en el cantón Naranjal.
Caso Malvinas: 17 militares podrían ir a juicio por presunta desaparición forzada
El juez Dennis Ugalde convocó la diligencia para el próximo 27 de mayo de 2025, a las 14h00, en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil.
En esta audiencia también se conocerán, por el principio de concentración, las solicitudes de sustitución, revisión, revocatoria, suspensión de medidas cautelares y de protección presentadas por los procesados.
Este proceso penal involucra a 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), entre ellos el teniente coronel Juan Francisco I. M., quien fue el último en ser vinculado a la causa.
Según la Fiscalía, el alto oficial habría tenido conocimiento del operativo en el que fueron aprehendidos arbitrariamente un niño y tres adolescentes en el sur de Guayaquil, el pasado 8 de diciembre de 2024.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de la Unidad Especializada en la Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza señaló que el teniente coronel acudió al sitio de los hechos, levantó indicios y omitió entregar información clave de forma oportuna, lo que -según Fiscalía- obstaculizó la posibilidad de encontrar a las víctimas con vida.
Además, se informó que levantó prendas de vestir de los menores tres días después de la desaparición, sin seguir la debida cadena de custodia.
Cinco de los procesados han accedido a cooperación eficaz y participaron en la reconstrucción de los hechos.
Allí, relataron diversas agresiones cometidas contra los menores en tres puntos específicos: la vía Durán-Tambo, un tramo cercano al peaje de esa carretera, y un camino de tercer orden en la parroquia Taura, cantón Naranjal. En esta última zona indicaron el lugar donde los menores fueron abandonados, golpeados, desnudos, pero aún con vida.
El caso se investiga bajo el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de desaparición forzada y sanciona con penas de entre 22 y 26 años de prisión.