Caso Malvinas: 17 militares podrían ir a juicio por presunta desaparición forzada
Tras terminar la instrucción fiscal, el Ministerio Público pidió fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio.
La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Malvinas, que investiga la presunta desaparición forzada de cuatro menores del sur de Guayaquil.
La entidad recordó que el pasado miércoles 30 de abril culminó la instrucción fiscal, que se extendió por la vinculación del teniente coronel Juan Francisco I. M., quien habría levantado prendas de las víctimas tres días después de la desaparición sin la debida cadena de custodia.
Con él son 17 uniformados implicados en el caso, de los cuales cinco han accedido a la cooperación eficaz. De hecho, el pasado domingo 27 y lunes 28 de abril se llevó a cabo una segunda reconstrucción de los hechos en la que proporcionaron mayores detalles sobre el abandono de las víctimas en la parroquia Taura (Naranjal).
Con ello, la Fiscalía solicitó fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los implicados.
Además, se espera que en las próximas etapas del proceso judicial, los cinco cooperantes brinden más detalles en sus testimonios anticipados.
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REVELADORA PERICIA
En la segunda reconstrucción de los hechos, los cinco militares cooperantes narraron diversas agresiones hacia los cuatro menores de edad en tres puntos clave que siguieron las dos patrullas.
Los golpes se habrían perpetrado en la vía Durán-Tambo, un tramo cercano al peaje de esa carretera y un camino de tercer orden en la parroquia Taura, del cantón Naranjal.
Precisamente, en esa última instancia, los procesados indicaron el sitio donde el niño y los tres adolescentes fueron abandonados golpeados, desnudos, pero con vida.
Ahí uno de los cooperantes también detalló que un compañero se habría grabado mientras agredía a las víctimas. El material fue expuesto en una audiencia reservada y, en efecto, se confirmó los golpes.
Estos nuevos datos podrían agravar la situación de los militares, ya que presumiblemente constituirían actos de tortura, según comentó Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas.
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