Con el incremento del Salario Básico Unificado (SBU) para 2026 en Ecuador, también se ajustan otros rubros obligatorios que se calculan con base en esta cifra, entre ellos la pensión alimenticia para hijos menores de edad.
La mañana de este lunes 15 de diciembre, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, informó que, tras un proceso de diálogo técnico y constructivo entre representantes del Gobierno, los empleadores y los trabajadores, se alcanzó un consenso histórico para fijar el SBU de 2026 en USD 482, lo que representa un incremento de USD 12.
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La decisión fue adoptada en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, una instancia tripartita que, luego de analizar los indicadores económicos, sectoriales y laborales, logró un acuerdo que —según el Ejecutivo— responde a criterios de responsabilidad económica, sostenibilidad empresarial y bienestar para los trabajadores.
De acuerdo con el Gobierno de Daniel Noboa, este consenso refleja el crecimiento económico del país, que se traduce en mejores ingresos para los hogares.
Uno de los efectos directos del aumento del SBU se refleja en la tabla de pensiones alimenticias, ya que en Ecuador estos valores se calculan en función del salario básico.
Con el nuevo monto fijado en USD 482 para 2026, las pensiones también se ajustan al alza.
El valor que debe pagar un progenitor depende de la cantidad de hijos y de la edad de cada uno. La pensión más baja corresponde a un solo hijo de 0 a 2 años, 11 meses y 29 días, y equivale al 28,12 % del ingreso mensual.
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En el caso de un padre o madre que perciba únicamente el salario básico, la pensión mínima pasará de USD 132,16 a aproximadamente USD 135,54 con el nuevo SBU.
En el caso de tener un hijo de tres años en adelante, el progenitor debe pagar el 29,49 % de su ingreso mensual, lo que, con el Salario Básico Unificado vigente, equivale a USD 142,14.
No obstante, este porcentaje puede superar el 40 % cuando el progenitor tiene ingresos más altos, o incrementarse si existen condiciones de discapacidad u otros factores contemplados en la normativa vigente.