La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificado como urgente en materia económica. Sin embargo, el proyecto ha causado el rechazo de organizaciones defensoras del agua e incluso se alista una marcha en Cuenca.
Al filo de la medianoche, el oficialismo logró que se aceptara el documento con ocho votos a favor y dos en contra, de 10 asambleístas presentes.
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La iniciativa aprobada establece como objeto la optimización de la gestión pública y privada en minería y energía eléctrica, con disposiciones de carácter especial y de orden público aplicables en todo el territorio nacional.
En materia minera, se reforman varios artículos de la Ley de Minería para reforzar la rectoría del Estado, precisar competencias institucionales, regular los actos administrativos previos a la actividad minera, actualizar el régimen de patentes de conservación y etapas de exploración y explotación, así como incorporar un nuevo capítulo sobre fomento y promoción de la inversión, clústeres mineros y áreas con protección de seguridad estratégica.
En el ámbito energético, el proyecto incorpora cambios a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para modernizar conceptos como generación distribuida, autoabastecimiento y distritos autónomos energéticos.
Además, establece reglas para la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y de la economía popular y solidaria; y crea mecanismos como el Mercado de Capacidad para garantizar la seguridad, suficiencia y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
El informe para segundo debate será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para su inclusión en el orden del día del Pleno, donde será debatido y sometido a votación final.
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Mientras tanto algunos grupos sociales del sur del país han mostrado su rechazo a la ley.
La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (Unagua) y la Junta de Agua Victoria del Portete–Tarqui presentaron una acción de protección con medidas cautelares para evitar que el proyecto sea aprobado en la Asamblea.
Las organizaciones argumentan que ha existido una violación del derecho a la consulta prelegislativa, establecida en el artículo 57 numeral 17 de la Constitución, la cual indica que se debe consultar a las comunidades, pueblos y nacionalidades.
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Los colectivos temen que la ley provoque un incremento de la militarización con la creación de las denominadas “áreas estratégicas”. Asimismo, aseguran que el proyecto fortalece el extractivismo sin garantías constitucionales ni ambientales.
El Cabildo por el Agua ha convocado para la tarde de este martes 24 de febrero a una marcha en Cuenca para que se archive la ley minera.