Asamblea aprueba ley que obliga a los gobiernos locales a destinar el 70% de su presupuesto a inversión
Desde el Gobierno se ha sostenido que la reforma busca garantizar sostenibilidad fiscal en los territorios y priorizar la inversión en proyectos que impacten directamente en la ciudadanía.
La Asamblea Nacional dio luz verde este viernes a la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), conocida como Ley GAD, una normativa impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa y tramitada con carácter económico urgente.
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La iniciativa obtuvo 77 votos afirmativos durante el segundo debate realizado en el campus Samborondón de la Universidad Ecotec, en la provincia del Guayas, hasta donde llegaron decenas de manifestantes que gritaron consignas contra la decisión del Ejecutivo, bajo vigilancia de elementos de la Policía Nacional.
La moción para la aprobación fue presentada por la legisladora oficialista Valentina Centeno, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN). Con el respaldo de su bloque y de asambleístas aliados, el proyecto alcanzó la mayoría necesaria y quedó aprobado por el pleno.
La nueva ley establece que los gobiernos autónomos descentralizados deberán asignar al menos el 70% de su presupuesto a inversión en obras, servicios y mantenimiento de infraestructura, mientras que el gasto corriente —que incluye remuneraciones y funcionamiento administrativo— no podrá superar el 30%.
El tratamiento de la normativa enfrentó al oficialismo y la Revolución Ciudadana, principal fuerza de oposición. El correísmo, que administra las alcaldías y prefecturas más grandes del país, como las de Quito y Guayaquil, expresó su rechazo a la propuesta, mientras que ADN defendió la medida como un mecanismo para mejorar la eficiencia del uso de los recursos públicos.
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Desde el Gobierno se ha sostenido que la reforma busca garantizar sostenibilidad fiscal en los territorios y priorizar la inversión en proyectos que impacten directamente en la ciudadanía. En cambio, los críticos han advertido que la disposición podría limitar la autonomía financiera de los GAD y afectar su capacidad operativa.
Con la aprobación en el Legislativo, la ley pasará al Ejecutivo para su correspondiente sanción u objeción, paso previo a su entrada en vigencia.
Reacciones por la Ley Gads
Varios altos funcionarios, como los alcaldes de Quito y Cuenca, Pabel Muñoz y Christian Zamora, respectivamente, han expresado su rechazo porque dicen que “puede tener efectos devastadores” en los servicios que brindan los GAD.
Según Muñoz, la nueva ley limita la contratación de personal público, ya que lo cataloga como gasto corriente. “Por ejemplo, nosotros podríamos hacer una escuela, pero no podríamos contratar profesores”, aseguró el burgomaestre hace unas semanas.
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Por otro lado, Zamora consideró lo siguiente: "Quieren vulnerar la autonomía municipal. Quieren considerar toda la inversión social como gasto corriente y eso acarrea que se disminuyan o eliminen los programas sociales para cumplir la regla fiscal para evitar reducción en los pagos mensuales del Estado central".
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