José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, reveló las irregularidades que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) detectó en una contratación ejecutada por la empresa municipal de Guayaquil, Segura EP, con una compañía de seguridad.
El funcionario explicó que Segura EP adjudicó en diciembre del 2025 un contrato por USD 17 millones, pero el proceso estuvo cargado de irregularidades.
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Según Neira, las armas utilizadas por los agentes de seguridad privada no estaban registradas en el Ejército.
Además, los empleados de la empresa contratada no constaban en los registros del IESS ni tampoco cumplían con los parámetros del Ministerio de Trabajo.
Asimismo, algunos requerimientos técnicos, establecidos en el contrato con Segura EP, no estaban siendo cumplidos por la empresa de seguridad.
Agregó que el Sercop hace auditorías a todos los municipios, prefecturas y ministerios, por lo cual rechazó que la intervención a Segura EP tenga un trasfondo político.
“Tienen un alcalde criminal, entonces nosotros estamos auditando los procesos de contratación pública para evitar que el dinero de los ecuatorianos, como el de Segura EP, vaya a compañías que no cumplen los requisitos”.
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Neira aseguró que emprendió una depuración del catálogo de proveedores del Estado en agosto del 2025 y, hasta el momento, se han suspendido a varias empresas.
En la provincia de Pichincha, por ejemplo, se han realizado 10 inspecciones, que han desembocado en la clausura de seis compañías de seguridad privada.
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En la provincia del Guayas, en cambio, ya van dos empresas suspendidas.
Posteriormente, el Sercop expandirá este tipo de inspecciones a proveedores de limpieza de hospitales, alimentación y uniformes escolares.