Contraloría examina a jueces de la Corte Constitucional; tres tendrían posibles responsabilidades penales
“De tres ya hemos terminado los exámenes, tres están en ejecución y tres van a empezar”, manifestó el contralor Mauricio Torres.
El contralor general del Estado, Mauricio Torres, informó que desde el año pasado se ejecutan exámenes técnicos a seis jueces de la Corte Constitucional, en los que se han detectado "inconsistencias" entre sus declaraciones patrimoniales y su información financiera.
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“De tres ya hemos terminado los exámenes, tres están en ejecución y tres van a empezar”, manifestó el funcionario durante una entrevista realizada la noche del martes 1 de abril.
Según explicó Torres, “no cuadra la información entregada a través de las declaraciones con lo que nosotros examinamos en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y los patrimonios”.
De los casos analizados, tres jueces tendrían informes de responsabilidad penal (IRP). Torres detalló que, en estos escenarios, la documentación es remitida a la Fiscalía General del Estado, entidad encargada de abrir la investigación y determinar si existe o no un posible delito, como el enriquecimiento ilícito.
Ayer, se difundieron informes de la Contraloría en los que se menciona que el juez constitucional Alí Lozada no ha justificado el origen de más de USD 25.000 en entidades financieras nacionales y del exterior.
Asimismo, se reportaron presuntas irregularidades en las declaraciones del juez José Luis Terán. La Contraloría habría observado que el funcionario no pudo justificar el origen de USD 70.000.
Frente a las “inconsistencias detectadas”, la Contraloría señaló mediante un comunicado que actúa en estricto apego a la ley y la Constitución. “Su labor no se rige por ningún tipo de presión ni conflictividad política”, enfatizó, al tiempo que aseguró que los procesos de control son sistemáticos y técnicos.
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Corte Constitucional alerta ‘presiones institucionales’
Por su parte, la Corte Constitucional advirtió sobre "presiones institucionales" e hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante en defensa del orden constitucional.
En un comunicado oficial, el organismo reafirmó su compromiso con la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la plena vigencia de la Constitución. En ese contexto, subrayó que todo proceso de control patrimonial debe ejecutarse con estricto apego a la ley, garantizando el debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia de funciones.
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Además, precisó que sus juezas y jueces han atendido los requerimientos a través de los canales institucionales.
La Corte también expresó su preocupación por un entorno de presiones institucionales sostenidas desde 2025, que —según advirtió— podría afectar la autonomía judicial. Por ello, insistió en que la independencia judicial es una garantía esencial del sistema democrático y demandó que las acciones de control se realicen con rigor técnico y respeto a las competencias constitucionales.
Esta nueva polémica surge en medio de la decisión del Consejo Nacional Electoral de adelantar las elecciones seccionales para noviembre de 2026, situación que podría ser revisada por la Corte Constitucional.
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