El juez de la Corte Constitucional, Alí Lozada Prado, reaccionó a unos informes de la Contraloría que señalan presuntas inconsistencias en su declaración patrimonial.
Esta nueva polémica surge en medio de la decisión del CNE de adelantar las elecciones seccionales para noviembre de 2026, situación que podría ser revisada por la Corte Constitucional.
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Este miércoles, primero de abril, Diario El Universo publicó un reportaje basado en informes de la Contraloría en los que se menciona que Lozada no ha justificado el origen de más de USD 25.000 en entidades financieras nacionales y del exterior.
La institución de control, que aún no se ha pronunciado sobre el tema, revisó siete declaraciones juramentadas del juez y determinó que no había elementos de respaldo sobre USD 7.184,57 y 17’173.560 pesos chilenos (USD 18.547,44).
Además, la Contraloría habría detectado que el patrimonio del magistrado pasó de USD 460.957,85 en junio de 2020 a USD 763.267,90 en agosto de 2025, lo que representa una variación de USD 302.310,05.
Pero Alí Lozada no es el único señalado. En el reportaje también aparecen presuntas irregularidades en las declaraciones del juez constitucional, José Luis Terán.
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En el caso de Terán, la Contraloría habría observado que el funcionario no pudo justificar el origen de USD 70.000. Una parte de este dinero fue encontrada en cuentas bancarias y otra en el pago de deudas y tarjetas de crédito.
Esta información fue remitida a la Fiscalía General del Estado el pasado 19 de marzo para la correspondiente investigación, según el diario antes mencionado.
Ante la difusión de las presuntas irregularidades, Alí Lozada Prado pidió a la gente y al periodismo que se exija al Contralor General del Estado, Mauricio Torres, “que explique cómo es que la Contraloría filtra a un medio de comunicación un informe que no me ha notificado”.
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Agregó que es señalado “por montos ridículos y por razones ridículas”. “La nota deja claro que he justificado documentalmente todo, pero a la Contraloría ‘le faltan papeles’ o ‘le faltan sellos’”, sostuvo Lozada.
Mientras tanto, en la nota de Diario El Universo, se menciona que el magistrado presentó sus descargos a la Contraloría en los que indicó que ha realizado requerimientos al Banco del Pichincha para conocer detalles sobre una transacción sin respaldo.
También, manifestó que sus ingresos corresponden a pagos de arriendos, actividades de docencia y anticipos de la venta de un terreno, para lo cual adjuntó registros y documentación tributaria.
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Sobre sus movimientos en el extranjero, Lozada sostuvo que el dinero proviene de pagos por el cargo de académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins en Chile.
Sin embargo, la Contraloría habría concluido que los documentos presentados por el magistrado no permitían verificar de manera completa el origen de los montos o carecían de formalidad suficiente.
Por el momento, la institución no se ha pronunciado sobre este tema y no ha expuesto el informe completo de las supuestas irregularidades.