Los campamentos dentro de las haciendas de Furukawa, arrendadas a particulares que trabajaban las plantaciones, no tenían acceso a servicios básicos, de educación ni de salud.
De esta manera, la prohibición queda en firme y deberá ser acatada por más de 13,7 millones de ecuatorianos convocados a las urnas el próximo 13 de abril.
Si bien en un inicio Furukawa rechazó la sentencia y aseguró que era imposible de cumplir, la empresa explicó este miércoles que podrá atender los pagos de las indemnizaciones si se le permite vender haciendas.
