La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, no asistió este jueves 17 de septiembre a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional para rendir explicaciones sobre la eliminación de la unidad de jueces anticorrupción.
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La sesión presencial estaba convocada para las 08:30, tras la polémica decisión de la Judicatura de desmantelar el modelo de juzgamiento especializado en Corrupción y Delincuencia Organizada, alegando la baja carga procesal de los magistrados anticorrupción y la falta de recursos presupuestarios.
Sin embargo, Caicedo se excusó de comparecer al señalar que tenía una reunión programada con anterioridad.
Advierten posible incumplimiento de funciones
La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz, cuestionó la ausencia de la presidenta de la Judicatura y sostuvo que pudo comparecer de manera virtual si tenía otra actividad impostergable.
“¿Acaso una reunión ya agendada está por encima de una convocatoria de control político? Si existía una actividad impostergable, podía reprogramarla o comparecer virtualmente. Lo urgente era responderle al país”, manifestó.
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En declaraciones a los medios, Veloz también enfatizó que los vocales del Consejo de la Judicatura están sujetos al control político de la Asamblea Nacional y que, eventualmente, pueden enfrentar una solicitud de juicio político.
“Los vocales del Consejo de la Judicatura son sujetos al control político de esta Asamblea Nacional y también a la presentación de una solicitud de enjuiciamiento político”, advirtió.
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También recordó que hace una semana se remitió a Caicedo un pedido de información relacionado con la eliminación de las unidades especializadas. El plazo para responder vencería este viernes. "El no contestar también trae consigo incumplimiento", manifestó Veloz.
Correísmo acudirá a la Corte Constitucional
A criterio de Veloz, la inasistencia de Caicedo incrementa las dudas sobre las razones que llevaron al Consejo de la Judicatura a eliminar estas dependencias especializadas.
En ese contexto, anunció que acudirá a la Corte Constitucional para buscar que se declare la inconstitucionalidad de la resolución.
Veloz acotó que, la Corte podría revocar la disolución de las unidades anticorrupción, debido a que la decisión de la Judicatura "no era pertinente y que tiene vicios de forma".
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