La supresión de las dependencias judiciales especializadas para juzgar delitos relacionados con corrupción y crimen organizado comenzó a tener efectos en procesos de alto perfil en Ecuador.
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Audiencias de los casos Encuentro y Goleada fueron frenadas mientras el Consejo de la Judicatura (CJ) implementa el nuevo modelo aprobado mediante la Resolución 187-2026.
La decisión fue adoptada por el organismo el pasado 7 de septiembre, en medio de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial. Las competencias de las dependencias eliminadas pasarán a otras judicaturas penales de Quito y a la Corte Provincial de Pichincha.
La reorganización alcanza a 484 causas que permanecían activas en la unidad especializada, según cifras expuestas por la propia presidenta del CJ, Mercedes Caicedo.
Los magistrados que integraban las dependencias suprimidas también comenzaron a ser trasladados a otras unidades judiciales.
Uno de los procesos afectados es el caso Encuentro, por presunta delincuencia organizada. La causa investiga una supuesta estructura integrada por funcionarios y particulares que habría interferido en entidades públicas como CNEL EP, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas para obtener beneficios económicos indebidos.
El juicio contra Leonardo Cortázar, extraditado desde Panamá y señalado como uno de los operadores de la presunta estructura, estaba previsto para el 14 de septiembre, pero el tribunal resolvió no instalarlo en medio de la reorganización judicial.
Dentro de esta causa ya existe una sentencia de primera instancia contra Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, quien fue condenado en noviembre de 2024 a diez años de prisión como autor directo del delito de delincuencia organizada. Su recurso de apelación tiene previsto resolverse el próximo 23 de septiembre.
La reorganización también repercutió en el caso Goleada, investigación por presunto lavado de activos que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a sus hermanos Antonio y Xavier, entre otras personas.
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En esa causa, el juez José Sebastián Cornejo se inhibió de continuar con el trámite después de la eliminación de la dependencia especializada a la que pertenecía. El expediente deberá pasar por el procedimiento correspondiente para definir al magistrado que continuará con el proceso.
La Fiscalía investiga en Goleada un supuesto entramado empresarial relacionado con la comercialización de combustibles mediante el cual se habría adquirido diésel subsidiado destinado a embarcaciones nacionales para posteriormente desviarlo a naves internacionales.
Judicatura asegura que la capacidad aumentará a más de 50 jueces
La paralización de diligencias contrasta con la posición del Consejo de la Judicatura. En un comunicado difundido el 14 de septiembre, el organismo aseguró que la Resolución 187-2026 “no elimina la capacidad especializada” para procesar delitos de corrupción y crimen organizado.
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Según el CJ, el objetivo es precisamente ampliar la capacidad de respuesta ante el déficit de magistrados y la carga procesal. Con el nuevo esquema, se pasará de 19 a más de 50 jueces penales capacitados y habilitados para conocer este tipo de causas.
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