Satterthwaite dijo que es "obligación del Estado garantizar la seguridad y la integridad personal de los funcionarios judiciales y adoptar medidas para asegurar su derecho a la vida".
En el escrito, los magistrados detallan una serie de carencias estructurales y de seguridad que los llevarían a desempeñar su trabajo en condiciones "indignas".
Los jueces estarán facultados para conocer 44 tipos de delitos, 37 se relacionan con crimen organizado y los demás siete, con corrupción. Su sede de trabajo será Quito.
