El Consejo de la Judicatura sostiene que la reestructuración ampliará de 19 a más de 50 los jueces habilitados para procesar delitos de corrupción y crimen organizado.
Eran 21 juzgadores escogidos en un concurso con vigilancia ciudadana. Conocían 44 delitos relacionados con el crimen organizado. Cada causa tenía 15 procesados.
Satterthwaite dijo que es "obligación del Estado garantizar la seguridad y la integridad personal de los funcionarios judiciales y adoptar medidas para asegurar su derecho a la vida".
En el escrito, los magistrados detallan una serie de carencias estructurales y de seguridad que los llevarían a desempeñar su trabajo en condiciones "indignas".
Los jueces estarán facultados para conocer 44 tipos de delitos, 37 se relacionan con crimen organizado y los demás siete, con corrupción. Su sede de trabajo será Quito.
