Asesinatos de judiciales avivan debate de jueces sin rostro
El concurso para escoger a los primeros 14 jueces anticorrupción del país entró en la recta final. Los próximos días 37 postulantes participarán en el Curso de Formación, que será el último filtro del proceso de selección que realiza el Consejo de la Judicatura. El asesinato de un juez en Lago Agrio, el jueves pasado, aviva el debate sobre el anonimato que deberían mantener los nuevos magistrados, cuando empiecen a juzgar los procesos, según analistas consultados.
El proceso de selección de 14 jueces anticorrupción avanza, en medio de una escalada violenta de organizaciones criminales contra funcionarios judiciales, en el contexto de la penetración acelerada del narcotráfico en el país.
El asesinato de Nelson Yánez, juez de la Unidad Multicompetente de Lago Agrio, el jueves pasado, cuando salía de su domicilio, es un campanazo sobre los riesgos que corren los funcionarios que investigan casos sensibles, que involucran cabecillas y operadores importantes del crimen organizado.
En vista de la peligrosidad de los casos que los jueces anticorrupción deberán juzgar y el riesgo de ser corrompidos o amedrentados junto con sus familiares, juristas consultados por Código Vidrio estiman que debía revisarse la posibilidad de mantener el anonimato de los nuevos funcionarios y aplicar el modelo de otros países de magistrados sin rostro.
Para minimizar el riesgo, por lo pronto, el Consejo de la Judicatura (CJ) diseñará un protocolo de seguridad para los nuevos funcionarios, además del Instructuctivo de Seguridad Individual que ya se aplica para servidores judiciales, aprobado en abril pasado.
Este año, 21 jueces, 15 del área penal, reciben seguridad individual en varias provincias, a cargo de la Policía, con base en ese Instructivo. Los judiciales, la mayoría de Quito y Guayaquil, han recibido amenazas e intimidaciones de todo tipo. El 2019, la Policía daba protección a 12 jueces.
El crimen de Yánez, quien fue declarado el juez de mejor desempeño en la capital de Sucumbíos el 2017, ocurrió horas después de la visita del ministro del Interior, Patricio Carrillo, a esta provincia, para articular planes para frenar la violencia y enfrentar a las bandas criminales.
En lo que va de este año, dos fiscales también fueron asesinados. El 15 de agosto murió abaleado por sicarios el fiscal Federico Estrella en Babahoyo. En mayo también fue ejecutada la fiscal Luz Marina Delgado, junto a su asistente Jefferson Mendoza. En ambos casos se cree que fueron retaliaciones de implicados en alguno de los casos que investigaban.
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El penalista Xavier Andrade, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, apunta que los nuevos magistrados anticorrupción precisamente juzgarán a delincuentes muy peligrosos y estarán amenazados permanentemente o podrían ser sobornados. “Siempre estarán al filo de saber que su decisión puede traer consecuencias más allá de lo jurídico”. Por eso, en países como Colombia y Perú, se diseñó un modelo de jueces sin rostro, para protegerlos.
Los juristas seleccionados tendrán a su cargo 44 tipos penales, 37 relacionados con el crimen organizado y siete en el ámbito de la corrupción. Por ejemplo, peculado, cohecho, concusión, testaferrismo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, genocidio, etneloocidio, esclavitud, desaparición forzada, tráfico de órganos y de personas, sicariato, producción y tráfico de drogas y armas, minería ilícita, terrorismo, delincuencia organizada, entre otros.
El abogado penalista Hugo Espín considera que lo que se busca con este proceso es tener jueces más independientes, porque se espera que no sean afectados ni susceptibles por la corrupción, que es un fenómeno persistente en el poder judicial.
El problema es cómo lograrlo. El modelo de jueces sin rostro aporta en que exista un grado confianza en los resultados, en el sistema y en los juzgadores, opina Espín. Al exponerlos a la palestra pública, se pone en riesgo a las personas y al funcionamiento eficaz del sistema. “Los procesos pueden ser afectados por amenazas o compras de conciencia, si no se manejan adecuadamente, dadas las estructuras de lo que deben juzgar”, destaca Espín.
En Ecuador esta tarea apenas empieza, pero ya se puede acceder fácilmente a los nombres y datos de los aspirantes a jueces de 2 unidades judiciales, 6 tribunales penales y 6 cortes provinciales, que pasaron las primeras fases.
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-37 postulantes irán al concurso de capacitación:
-Cinco postulantes obtuvieron 80 o más puntos tras recalificación:
A Andrade le preocupa que si ocurren atentados o actos terroristas contra algún juez, eso se convierta en una intimidación directa a la justicia. “Si esto pasa y no estamos preparados, la creación de esta nueva estructura jurídica es inútil.(...). El mensaje es claro, la delincuencia organizada hace cuadre de cuentas a su manera. Más allá de que hay información pública de los aspirantes, hay que tomar en cuenta que la delincuencia ya da el mensaje de amedrentamiento a quienes se contrapongan a sus intereses”.
La Judicatura reconoce que los nuevos jueces pueden estar en riesgo. Santiago Peñaherrera, director general del CJ y responsable de la selección, explica que para diseñar un protocolo de seguridad para los nuevos funcionarios contarán con el apoyo de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de Estados Unidos (INL).
No obstante, estos temas, que se pueden considerar colaterales, son fundamentales cuando se crea un proceso de especialización en justicia penal, alerta Andrade.
La idea de las nuevas unidades judiciales nació en la Judicatura presidida por Gustavo Jalkh, en el gobierno de Rafael Correa. Se retomó tras los atentados terroristas en la frontera norte el 2018. Y tuvo piso legal el 2020 cuando la Asamblea aprobó la reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.
LOS JUECES SIN ROSTRO EN OTROS PAÍSES
Los jueces o tribunales sin rostro se han implementado en países como Italia, Colombia, Perú, Brasil y El Salvador. Se han aplicado en casos especiales, cuando los estados no pueden garantizar la seguridad de los magistrados a cargo de juzgar delitos relacionados con el crimen organizado. En Ecuador, hay voces que proponen que se diseñe un sistema especial para quienes deban condenar a responsables de determinados casos de narcotráfico o terrorismo, por ejemplo.
Sin embargo, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede dificultar esa posibilidad en el país. Se trata del caso Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas versus Perú, en el que se determinó responsabilidad internacional del Estado peruano por haber condenado a ambos sin respetar el debido proceso. Además de haber sido arrestados sin una orden judicial en 1996 y 1991, respectivamente, ambos fueron sentenciados por un juez sin rostro. La Corte señaló que toda persona que enfrente un juicio tiene derecho a saber quiénes lo están juzgando.
En países como México, donde los asesinatos y atentados en contra de jueces, policías y periodistas, son cada vez más comunes, en el 2016 se analizó la posibilidad de implementar tribunales sin rostro dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, creado ese año. Pero la idea aún no prospera.
Este tipo de tribunales se formaron en Colombia y Perú en los años noventa. Se inspiraron en el modelo italiano que en esa misma década buscó en el anonimato la forma de proteger al sistema judicial de la extorsión, los sobornos, los atentados y asesinatos a quienes estaban a cargo de impartir justicia.
En Perú, los miembros de estos tribunales se cubrían el rostro con capuchas o atendían las audiencias detrás de paneles oscuros cuando juzgaban casos de terrorismo. Con el tiempo y, debido a las críticas por violaciones a los derechos humanos y por afectar los principios de transparencia, se erradicó esa figura en ambos países.
El 2019, Río de Janeiro se sumó a los estados de Mato Grosso, Bahía, Pará, Roraima, Alagoas y Santa Catarina que ya tenían jueces sin rostro para enfrentar a la delincuencia organizada. Actualmente, los ojos sobre este tipo de prácticas judiciales apuntan a El Salvador, donde organizaciones de defensa de derechos humanos reclaman la inconstitucionalidad de una reforma legal propuesta por el presidente Nayib Bukele y aprobada por el Congreso para abrir el camino a los tribunales sin rostro para juzgar delitos cometidos por integrantes de las pandillas.
37 POSTULANTES VAN A UN CONCURSO DE FORMACIÓN
Una vez que la semana anterior concluyeron las primeras pruebas de selección, 37 de los 425 postulantes para jueces anticorrupción participarán en el Curso de Formación Inicial, que será el último filtro del proceso de selección. Estará a cargo de la Escuela de la Función Judicial y durará 52 días. Al final solo 14 aspirantes serán los primeros magistrados especializados en este campo.
Se trata del último paso antes de que se conformen las dos unidades judiciales, seis tribunales y seis cortes provinciales penales especializadas que se crearán y que está previsto funcionen desde fines de octubre o inicios de noviembre próximo. Hasta el momento, las dependencias no han sido habilitadas ni existe un lugar definido para este fin.
De los 37 concursantes que superaron los 80 puntos requeridos (al menos 50 puntos en la fase de méritos y pruebas teóricas y otros 30 en las prácticas), 14 superaron ese puntaje apenas con décimas y solo cuatro obtuvieron más de 90. Cinco más entraron luego del proceso de recalificaciones, la semana pasada.
Santiago Peñaherrera dice que este proceso se realiza con un nuevo sistema para concursos. Este “cumple con todas las recomendaciones” que la Contraloría hizo al Sistema de Selección de Personal de la Función Judicial (Sisperfuj), que se usaba años atrás y que fue cuestionado por problemas de transparencia en su funcionamiento.
El nuevo mecanismo –agrega Peñaherrera- permite que cualquier institución pública o privada, observatorios, la academia y la Contraloría “puedan hacer una auditoría del sistema y verificar que preste todas las seguridades”. Cada acción y cambio que cualquier persona que intervenga en el proceso realice, dejará su huella.
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Por ejemplo, las computadoras en las que los participantes rindieron sus pruebas no permitían conexión a Internet ni a dispositivos externos como memorias USB. Tampoco tenían información archivada y las preguntas se cargaron en presencia de un notario público y del coordinador de la Veeduría Ciudadana, Erick Morán Jacho.
El cuestionario fue elaborado por 18 expertos en materia penal y tenía 1.200 ítems, distribuidos entre los participantes por sorteo, 100 a cada uno. “Si estamos en un concurso de corrupción y crimen organizado, obviamente tenemos que guardar todas las formas y dar paso a la transparencia ante todo”, dijo Peñaherrera.
El proceso ha tenido, al menos, dos reajustes del cronograma (en la fase de méritos y en las subfases psicológica, teórica y práctica). El segundo significó una demora de cerca de un mes, debido a una amenaza de bomba, el 14 de junio pasado en el Complejo Judicial Norte, mientras el país enfrentaba un paro.
Cuando se lanzó el concurso, el pasado 29 de marzo, el presidente Guillermo Lasso exteriorizó su respaldo. Ese día, el Gobierno anunció que había entregado 1,6 millones de dólares para implementarlo. También existe un aporte de medio millón de dólares del gobierno de EE.UU., para la capacitación del personal y equipamiento. Hasta el 31 de julio pasado, el CJ informó que del presupuesto de USD 308 mil dólares, apenas había ejecutado un 6,75 %. Este rubro corresponde directamente a lo invertido en el concurso.
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INMOBILIAR NO RESPONDE
Está previsto que el concurso termine máximo el 19 de septiembre. Aunque es temprano para evaluar su funcionamiento informático, sí hay dudas sobre cómo trabajarán estas nuevas estructuras judiciales. Está previsto que los nuevos jueces empiecen a laborar a más tardar en noviembre (tres meses después del plan original), pero aún no cuentan con un espacio físico definitivo.
Peñaherrera dice que la Judicatura ha hecho gestiones para conseguirlo. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, les ofreció dos terrenos en Pusuquí o un espacio en la Unidad de Vigilancia Norte de la Policía, en Quito. Este último es el que más le convendría al proyecto pero se requiere una inversión de más de dos millones de dólares y los trabajos tomarían al menos un año. Esos fondos no están presupuestados.
Las solicitudes a Inmobiliar tampoco han tenido respuesta. Hasta que la situación se defina, los nuevos jueces trabajarán provisionalmente en el Complejo Judicial Norte.
Los abundantes casos de corrupción como las compras con sobreprecio durante la etapa más crítica de la pandemia por el covid-19 y los fallos polémicos de jueces, así como medidas de protección emitidas de forma ilegal a favor de sentenciados por diferentes delitos, fueron determinantes para impulsar el proyecto.
Espín subraya que tener jueces especializados anticorrupción implica que se van a clasificar las materias de conocimiento en el área penal. Es decir que habrá jueces especializados por tipo de delito: delincuencia organizada, asociación ilícita, peculado, lavado de activos, etc. “Pero nuestro sistema penal establece que los jueces deben estar especializados por materia y no por delito y los investigadores (fiscales), que son quienes llevan los casos a conocimiento del juez, son los que están especializados por delito”. En materia penal, agrega, las garantías procesales y la regla son las mismas, sin diferenciar ente delitos.
En Ecuador, existen 12 unidades especializadas de Fiscalía. Entre ellas se incluyen algunas relacionadas con los delitos que juzgarán los nuevos magistrados especializados: la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI), las unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, de Antilavado de Activos y de Investigación de Personas Desaparecidas.
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EL RIESGO DE VULNERAR DERECHOS
Otro problema que detectó Andrade es que en otros sistemas este tipo de jueces reciben críticas desde el punto de vista doctrinario, porque al trabajar en tribunales de excepción, en el futuro podrían traerle al Ecuador consecuencias por vulnerar derechos constitucionales. Por eso cree que es importante la especialización, lo cual no justifica que sean llamados anticorrupción. La Judicatura, en general, necesita más jueces, con mayor preparación, sin necesidad de crear una nueva categoría.
El 18 de enero del 2019 se presentó la Mesa de Lucha Contra la Corrupción Judicial, para investigar presuntas irregularidades cometidas en procesos, parte de un Sistema Integral de Lucha Contra la Corrupción, la Delincuencia Organizada y el Combate a la Impunidad. En esa época se hablaba de que las unidades especializadas tendrían jueces de primer nivel y de tribunales penales en Quito, Guayaquil y Cuenca. Sin embargo, actualmente el plan es que todos los jueces trabajen casos a escala nacional, desde la capital. Ese es un punto de debate, pues Andrade y otros expertos se preguntan cómo se manejarán las diligencias. Esos son temas que deben resolverse y que muestran que el país no está preparado para dar este paso, puntualiza el jurista.
Andrade cree que este proceso es improvisado, pues no se debe pensar únicamente en la especialización de cada juez. “¿Va a haber secretarios o asistentes judiciales, policías especializados, operadores de justicia que hablen el mismo idioma o no? ¿Qué pasa con eso? ¿Solo nombrar jueces y ya o les nombro y luego vamos corrigiendo en el camino? Por eso, mi opinión ha sido que se nombren más jueces y nada más”.
Según la propuesta de la Mesa de Lucha Contra la Corrupción Judicial, las nuevas unidades judiciales debían contar con peritos para temas de finanzas, contabilidad y tributos, además de expertos en ubicar y recuperar dineros producto de actos de corrupción. Este último, precisamente, ha sido uno de los principales problemas en Ecuador.
Ecuador pretende recobrar USD 104,1 millones por casos de corrupción como Sobornos y Odebrecht, además de otros relacionados a entidades públicas y estatales como el Ministerio del Deporte, Petroecuador e IESS, relacionados con el correísmo, según una publicación de Primicias. Hasta este año asta ese mes lo que el país había logrado recolectar no alcanzaba ni el 5 % del valor total.
La situación de la lucha contra la corrupción en el país es compleja, pues Ecuador cayó al puesto 9 entre 15 países, según datos del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, de la Americas Society/Council of the Americas y Control Risks, publicado este año.
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LAS UNIDADES JUDICIALES, CON EQUIPO PROVISIONAL
La conformación de los equipos de trabajo para las nuevas unidades judiciales aún es lejana. La Judicatura convocará un concurso público para nombrar a los 40 funcionarios que se sumarán al equipo de jueces anticorrupción y crimen organizado. Pero ese proceso aún no está en marcha, por lo que el personal de apoyo en la fase inicial será temporal y el área de Talento Humano de la Judicatura se encargará de la selección.
Instaurar un nuevo modelo no es tan simple, porque se requiere, por ejemplo, de modificaciones en el Código Orgánico Integral de Procesos, para establecer esta especialización no solamente por materia sino por delito y no está claro cómo se va a manejar el tema, dice Espín. “Se requieren reformas legales y una madurez del sistema judicial para que esto pueda funcionar, porque si no lo único que tendremos es una unidad más con otro nombre como las que ya tenemos por montones en las unidades de Fiscalía y de la Policía Judicial, pero en esencia seguiremos en el estado en el que está la situación final de la seguridad en el país”.
El proceso para designar a estos nuevos jueces cuenta con el apoyo del Programa de Asistencia Contra el Crimen Trasnacional Organizado (PAcCTO). Se trata de un programa de asistencia técnica de la Unión Europea con 18 países de América Latina, incluido el Ecuador. El objetivo es intercambiar experiencias y buenas prácticas en temas sobre estado de derecho y seguridad ciudadana. En marzo del 2019 hubo una jornada para analizar experiencias internacionales y determinar el perfil de los nuevos jueces y cómo debía ser el proceso de selección, a partir de ellas.
Sin embargo, gran parte de lo analizado en esos encuentros y planes previos aún está solo en el papel, a pesar de que la entrada en funcionamiento de las nuevas unidades judiciales está tan cerca. “Uno se queda pensando cuando ve estos concursos hasta dónde pueden llegar las limitaciones de los filtros a los que las personas están siendo sometidas. Algunos de los participantes fueron ya fiscales o jueces, tuvieron visibilidad en el ámbito judicial y algunos de ellos fueron cuestionados sobre su desempeño. Eso deja la duda de quienes realmente están interesados en ser jueces anticorrupción y quienes tienen intereses por ser parte de un equipo de estos, para controlar el poder judicial”, dice Espín.
El camino es complejo tomando en cuenta que existen muchos vacíos legales.
«El COIP en palabras es bueno, indica Espín, pero es un Frankenstein que cada vez que alguien se emociona, lo cambia y esto genera un problema en la práctica judicial. El sistema legislativo es inmaduro y hay una falencia académica en los procesos. La investigación de la técnica jurídica es la gran deuda de la academia, para hacer aportes».
ARTESANOS, LOS VEEDORES DEL CONCURSO
La Veeduría que se conformó mediante resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 0166, a fines de abril, solo ha emitido un informe general y hará uno completo al finalizar el concurso, dijo a Código Vidrio su coordinador, Erick Morán Jacho.
También forman parte del organismo Hugo Bone Ortiz, Jorge Bonilla Macas, Clara Casquete Hurtado, Ángel Paredes Carrasco, Merli Llanos Campaña y Tatiana Flores Abarca. Jacho dice que representan a distintas organizaciones y viven en Ambato, Esmeraldas, Cuenca y Quito. Hasta el momento han tenido cinco reuniones, una cada vez que finaliza una etapa del concurso y han acudido a llamados del CJ para presenciar las actividades o acudir a ruedas de prensa.
“Hasta el momento todo se ha llevado a cabo con total transparencia y se ha difundido todo por la página del CJ; cualquier persona puede hacer una impugnación y nosotros podemos dar seguimiento”, dijo. Según Morán, uno de los miembros de la Veeduría planeaba presentar impugnaciones contra siete aspirantes, por los cargos que tienen registrados. El plazo para presentar estos recursos vencía este viernes 26 de agosto y hasta el cierre de este reportaje, aún no se conocían cuántos habían ingresado al sistema del Consejo de la Judicatura.
La única observación que hasta el momento hace Morán tiene que ver con un tema laboral. “Yo hubiera cambiado en el inicio que una persona que ya ocupaba un cargo actualmente postule por otro. Hay muchos que cumplen y no tienen cargo actualmente y tienen mejor experiencia, ellos podrían entrar”, dice. Por lo demás, está de acuerdo en la forma en la que la Judicatura lleva adelante el concurso: “Han tenido apertura, nos han dado una oficina en su edificio y cuando les pedimos informes los facilitan el mismo día o al día siguiente”.
Morán es guayaquileño, tiene 23 años. Cursa el séptimo semestre de Derecho en la Universidad Católica. “Fui apoyado por una asociación, ya que queremos que esta unidad nueva se forme con transparencia”, dijo.
Se trata de la Asociación de Producción Artesanal Interprofesional del Ecuador (Asoproartiecu). Su representante legal es Morán, desde hace dos años. Agrupa a artesanos de 14 provincias que se dedican a la ebanistería, bisutería, cocina, repostería, entre otras actividades. Él es fotógrafo en la rama artesanal. En su hoja de vida, detalla que también es instructor y capacitador.
Si bien la asociación a la que representa no tiene ninguna relación con temas jurídicos, Morán decidió participar en este mecanismo de control social por su afinidad con el Derecho, porque algunos de sus familiares han sido abogados. “Como también estoy involucrado en la rama del derecho, aparte de lo artesanal, un bufete de abogados nos invitó”. Es Fundere (Fundación del Derecho), Guayaquil, cuyo representante legal es Oswaldo Dávila Gabino, dice Morán.
En la hoja de vida del coordinador de la Veeduría constan capacitaciones en distintas temáticas: riesgos laborales, salud ocupacional, formación de mediadores, inteligencia de negocios, liderazgo, relaciones humanas, primeros auxilios, desarrollo de la personalidad, ensamblaje de muebles, prevención de delitos sexuales, Código Orgánico Administrativo, mediación, oratoria, entre otros.
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