Jueces alertan al Consejo de la Judicatura sobre falta de seguridad y condiciones críticas de trabajo
En el escrito, los magistrados detallan una serie de carencias estructurales y de seguridad que los llevarían a desempeñar su trabajo en condiciones "indignas".
Con las amenazas y presiones denunciadas recientemente por el juez anticorrupción Carlos Serrano como antecedente, un grupo de magistrados de la Unidad Anticorrupción elevó una carta de 22 páginas al Consejo de la Judicatura (CJ) para exponer lo que refieren como una situación insostenible en el ejercicio de sus funciones.
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El documento está suscrito por 10 jueces de esta unidad especializada, encargada de tramitar causas relacionadas con crimen organizado, fue dirigido este lunes al presidente del órgano, Mario Godoy, quien se encuentra con licencia, pues esta semana comparecerá ante el Pleno de la Asamblea Nacional para hablar sobre el caso de Serrano, que involucra a una ciudadano serbio acusado de narcotráfico.
En el marco de esta investigación, el pasado 22 de diciembre se filtraron audios en los que se escucha a Henry Gaibor, director provincial del organismo en Pichincha, presionando a Serrano para que favoreciera al procesado. Tras la difusión de los registros, a Gaibor se le solicitó la renuncia.
Según la denuncia, el procesado habría amenazado directamente al magistrado durante una audiencia. El caso generó mayor controversia debido a que su defensa legal estuvo a cargo de la esposa de Mario Godoy.
La misiva también fue remitida a los vocales de la Judicatura y, según los firmantes, constituye la octava comunicación formal enviada desde la creación de la Unidad Anticorrupción para advertir sobre los riesgos que enfrentan.
Reclamos por seguridad y logística
En el escrito, los magistrados detallan una serie de carencias estructurales y de seguridad. Señalan que deben cubrir de su propio bolsillo los gastos del personal de protección, carecen de vehículos blindados y, en muchos casos, se ven obligados a movilizarse por cuenta propia, incluso a pie, en transporte público o en taxis.
También alertan sobre la falta de herramientas tecnológicas adecuadas, lo que provoca demoras y suspensiones de audiencias, así como una sobrecarga laboral agravada por el escaso personal de apoyo, a la que se suma, según advierten, un desgaste físico y psicológico producto del alto riesgo y la presión constante.
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En respaldo de su pedido, adjuntaron estadísticas sobre jueces asesinados en el país y recordaron que, por mandato constitucional, el Consejo de la Judicatura es el responsable directo de garantizar la seguridad de los operadores de justicia.
La carta también aborda el tema presupuestario. Los jueces señalan que, en el actual período fiscal, el Consejo de la Judicatura no ejecutó USD 11,5 millones, a lo que se suman USD 5,3 millones retirados durante el año por el Ministerio de Economía debido a falta de ejecución.
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