Millennials, demandados por alimentos y con infracciones de tránsito: Así son los aspirantes a jueces anticorrupción
En un proceso inédito, se busca llenar vacantes para magistrados que conozcan 44 delitos relacionados con el crimen organizado y transnacional. Ellos debieron empezar a trabajar en agosto; 36 finalistas buscan una de las plazas para iniciar su labor en noviembre.
Si los fiscales y jueces no entienden los métodos y herramientas de los corruptos, ¿cómo pueden defender el estado de derecho?”. Así argumentaba el embajador de EE.UU. Michael J. Fitzpatrick la necesidad de contar con jueces anticorrupción.
Si los jueces no saben cómo funcionan las cadenas de producción, transporte y venta de narcóticos, “¿cómo pueden luchar los magistrados contra esos delitos?, preguntaba el alto diplomático, durante el evento de convocatoria al concurso de jueces para la unidad especializada contra la corrupción, a fines de marzo de este año.
El proceso para escoger los primeros 14 jueces anticorrupción del país está en el ojo público. No solo casa adentro. Es seguido de cerca por organismos de EEUU y la Unión Europea. Pero al ser una experiencia inédita, avanza con tropiezos.
Pruebas al canto. Los magistrados debieron estar en funciones desde agosto; si no hay complicaciones empezarán su gestión recién en noviembre. Tendrán cero carga procesal al inicio de su labor, según el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo.
Otra novedad. El mejor puntuado del concurso, con 94,3 puntos sobre 100, fue destituido de la Fiscalía de Santo Domingo de los Tsáchilas en 2012, tras una denuncia de acoso sexual, de la cual salió absuelto ante la justicia. El ente responsable de la destitución, el Consejo de la Judicatura, es el mismo que organiza el proceso de selección. ¿Por qué no detectó esta situación?
Entre los 36 postulantes que llegaron hasta la fase decisiva se cuentan juristas con perfiles profesionales variados. Entre ellos, un exfiscal general de la Nación; un ayudante judicial del Consejo de la Judicatura; un asistente administrativo del Instituto de Seguridad Social, IESS; y, un abogado de la Prefectura de Guayas. ¿Podrán mantener independencia si las causas que conozcan se relacionan con la entidad en la que colaboraron en el pasado?
No es la única faceta controversial. En la planificación inicial, estaba previsto que la fase de impugnación ciudadana y control social tuviera 13 días de duración: del 2 al 15 de julio. Pero con el paro indígena de por medio, y hasta una amenaza de bomba en las inmediaciones del complejo judicial de Quito cuando las pruebas psicológicas empezaron, el cronograma se retrasó.
El informe oficial, al que accedió Vistazo, revela que la impugnación se redujo a tres días: a fines de agosto. Eso pudo incidir en que apenas siete de los finalistas recibieran impugnaciones. Hubo solo dos impugnantes. Según el documento citado, los trámites no cumplieron con los requisitos; por lo tanto; no fueron admitidos. De este modo, los 36 finalistas empezarán un curso de capacitación, luego del cual se definirá quiénes son los 14 jueces seleccionados.
¿QUIÉNES SON?
El primer informe de la Veeduría a este concurso público, realizado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, destaca que se presentaron 425 postulantes. De ellos, 108 rindieron la prueba teórica y 53 superaron el umbral de los 50 puntos, que suman la evaluación teórica y los méritos; 37 alcanzaron más de los 80 puntos. Tras la inhabilitación del candidato que tuvo una destitución previa, quedaron 36.
El documento de la veeduría resalta que ante la constatación de que había una minoría de mujeres, se definió un puntaje adicional de un máximo de 10 puntos por género, pertenencia a comunidades indígenas, afroecuatorianas; tener una condición de discapacidad; sufrir enfermedades raras, ser personas en situación de movilidad y estar domiciliado en zona rural.
Del total de postulantes, cinco declararon pertenecer a comunidades. Uno afirmó sufrir de una enfermedad catastrófica.
El primer mapeo de los finalistas revela que son 25 hombres y 11 mujeres, cuya edad promedio es 40 años. El 59 por ciento de ellos tiene menos de 41 años. Doce tienen entre 42 y 49. Otros dos tienen más de 50 años, el de mayor edad bordea los 58.
Ser ecuatorianos, estar en goce de los derechos de participación política, tener el título de abogados fueron los requisitos básicos. Para los aspirantes a jueces de la Corte Provincial, además, se sumó uno adicional: tener siete años de experiencia jurídica.
De los finalistas, 16 tienen relación laboral actual con Fiscalía. Entre ellos, hay 13 agentes fiscales, un asistente y un secretario. A ellos se suman otros cuatro candidatos que en el pasado colaboraron en esta entidad. Un exfiscal general; dos exagentes fiscales y un exsecretario de Fiscalía completan este grupo.
Cinco jueces penales en funciones y dos exjueces penales están entre los postulantes. Además, concursan dos funcionarios del Consejo de la Judicatura y dos defensores públicos en ejercicio.
De los 25 hombres participantes en el concurso anticorrupción, cinco han enfrentado demandas judiciales para el pago de pensiones alimenticias. Es la quinta parte del total de varones; en todos los casos mantuvieron relación laboral con la función judicial.
Uno de los aspirantes tiene 1,5 puntos en su licencia: ha cometido 20 infracciones de tránsito. Otro tuvo 34 multas. Diez más tienen entre 10 y 18 infracciones y han sido multados por diferentes motivos.
Los jueces de esta unidad estarán facultados para conocer 44 tipos de delitos, entre ellos, peculado, concusión, cohecho, tráfico de influencias, testaferrismo, sicariato, secuestro, extorsión, desaparición forzosa, tráfico de órganos y otros.
El proceso formal para seleccionar estos jueces arrancó en marzo de 2022. Ese mes el Consejo de la Judicatura creó la sala especializada en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Ésta se conformará por 14 miembros en total: seis jueces de unidad penal, seis de tribunal penal y dos de corte provincial. Son precisamente las vacantes que deben llenar los juristas más probos del país. Deberán radicarse en Quito.
¿JUECES SIN ROSTRO?
Mientras se conocían los nombres de los finalistas, el juez de la Unidad Multicompetente de Nueva Loja (provincia de Sucumbíos), Nelson Yánez, fue asesinado cuando salía de su casa. Esto reactivó un debate: ¿Deben los jueces que conocen causas penales relacionadas con crimen organizado mantener el anonimato?
En primera instancia, el CJ anunció la elaboración de un protocolo de seguridad para estos funcionarios, que se suma al Instructivo de Seguridad Individual, aprobado en abril pasado, aplicable para los funcionarios judiciales.
En lo que va de este año 21 jueces reciben seguridad individual en varias provincias. De ellos, 15 conocen temas del área penal. En 2019, 12 jueces recibían protección por parte de la Policía.
Según el penalista Xavier Andrade, los jueces anticorrupción juzgarán a delincuentes peligrosos y estarán bajo amenaza.
Países como Colombia y Perú diseñaron un esquema de jueces sin rostro. De los 44 delitos que conocerán los nuevos jueces, 37 se relacionan con crimen organizado y siete con la corrupción.
El abogado penalista Hugo Espín explica que el modelo de jueces sin rostro permite que exista un nivel de confianza en los resultados, en el sistema y en los juzgadores. Al exponerlos a la palestra pública, se ponen en riesgo tanto las personas como el funcionamiento eficaz del sistema.
Según el CJ, un protocolo de seguridad para los nuevos funcionarios contará con el apoyo de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de Estados Unidos.
El proceso arrancó en 2019, año en que precisamente llegó al país el embajador Fitzpatrick. Él destacó el apoyo de su gobierno, pues comprometió medio millón de dólares para tecnología. “La Corte especializada representa para Ecuador una oportunidad única de cambiar el tablero contra las organizaciones delictivas y establecer un mecanismo eficaz para hacer justicia”, mencionó en el evento de marzo el embajador.
También el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (El PAcCTO) de la Unión Europea, coopera en este proyecto. Es una iniciativa insignia porque incluye toda la cadena penal que comprende a la justicia, sistema penitenciario e institución policial. De hecho, con su asesoría se elaboraron las pruebas de confianza aplicables a los jueces que conozcan los delitos de crimen organizado.
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