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Entrevista con el Embajador Michael J. Fitzpatrick: “Estados Unidos ve con preocupación la violencia en Ecuador”

lunes, 15 agosto 2022 - 07:56
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El embajador de Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick, es enfático: “No queremos ni ladrones ni su plata en nuestro país”. Confirma en esta entrevista que esa representación diplomática revocó visas de no-inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en el sector legal y judicial. “Tener un visado es un privilegio, no un derecho”, agrega el funcionario.

P. ¿Qué tipo de cooperación brinda el gobierno de Estados Unidos a Ecuador en la lucha contra las drogas? Específicamente, ¿por qué es importante que Estados Unidos apoye a Ecuador en esta área?

R. Estados Unidos y Ecuador comparten la preocupación por el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos organizados transnacionales. Estas actividades ilícitas amenazan la seguridad de los ciudadanos de ambos países. La misión de Estados Unidos trabaja con socios del gobierno de Ecuador y la sociedad civil para combatir el flagelo del narcotráfico. Estados Unidos y Ecuador han firmado varios acuerdos y han establecido nuevos programas para mejorar la cooperación antinarcóticos y de aplicación de la ley, incluyendo la asistencia para el desarrollo de capacidades en materia de antinarcóticos y lucha contra la delincuencia organizada internacional, así como los esfuerzos para interceptar drogas. La asistencia bilateral de Estados Unidos en estas áreas asciende a más de $140 millones desde 2018.

Hemos equipado a la policía y al sector de la justicia con tecnología de la información, software, vehículos, y canes, facilitando incautaciones récord de drogas, juicios y sentencias por actividades delictivas.

Al mismo tiempo, tenemos un programa activo de reducción de la demanda de drogas, capacitando a funcionarios sociales y de salud, activistas comunitarios y líderes empresariales para unir fuerzas y empujar el narcotráfico fuera de los barrios donde sus residentes, y en particular los jóvenes, son susceptibles de consumir drogas.

Además, Estados Unidos y Ecuador han firmado acuerdos bilaterales para el intercambio de asistencia militar, entre ellos un acuerdo regional para el intercambio de información para combatir el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

P. ¿Cuál es el diagnóstico de su gobierno sobre el avance del narcotráfico en Ecuador, a partir del aumento de las capturas de cocaína y de los indicadores de violencia directamente relacionados con las disputas entre bandas?

R. Estados Unidos ve con preocupación la violencia en Ecuador. Seguimos trabajando juntos contra el narcotráfico y el crimen transnacional que no solo amenazan la seguridad ciudadana en Ecuador sino también en nuestro país. Las incautaciones de drogas en Ecuador han alcanzado récords históricos. Reconocemos el esfuerzo del Gobierno, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en estos operativos y condenamos todos los actos violentos de los grupos criminales que amenazan la estabilidad de la población. Si bien el récord de incautaciones de drogas refleja el arduo trabajo y la dedicación de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, también muestra la profunda penetración e influencia que estos grupos criminales tienen en casi todos los países de la región. No se trata de una lucha a corto plazo para expulsar a las bandas de narcotraficantes, sino de una lucha constante para erradicarlas en todos los países.

P. Por exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno emitió una nueva normativa que obliga a los bancos y entidades financieras a mejorar sus sistemas de control de clientes y de comunicación de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). ¿Cuál es su análisis de la forma en que se han manejado los controles en el sistema financiero de posibles operaciones de lavado de dinero, así como en otros sectores como el inmobiliario, la venta de vehículos, las cooperativas de ahorro, la minería, los clubes deportivos y la extracción de madera?

A. El gobierno de Estados Unidos ha apoyado a la UAFE proporcionando formación a sus equipos técnicos y jurídicos. Esta formación se centra en el desarrollo de estrategias inteligentes para combatir el crimen organizado y priorizar los casos para producir informes financieros exitosos. Además, el gobierno de EE.UU. apoyó a la UAFE mediante la aportación de un experto en la evaluación mutua del Grupo Latinoamericano contra el Lavado de Dinero (GAFILAT), que dio como resultado medidas para implementar 40 recomendaciones para combatir y prevenir el lavado de dinero. Además, el gobierno de Estados Unidos está proporcionando a la UAFE nuevos ordenadores y programas informáticos de alto rendimiento para aumentar la capacidad de análisis y generar más informes financieros. Un análisis de datos robusto significa controles más fuertes, mejores informes financieros y más éxito en el enjuiciamiento y las condenas por delitos financieros.

Pero la lucha contra el lavado de dinero no es solamente la responsabilidad de la UAFE. Todas las entidades financieras públicas y privadas tiene un papel importante para jugar.

P. Hace varios meses, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas estadounidenses de generales de la policía, jueces y abogados por estar involucrados en prácticas contrarias a sus leyes anticorrupción. Fuentes gubernamentales informaron que también se revocaron los visados de 18 oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, la mayoría de ellos miembros de la Marina. ¿Podría decirnos si esta decisión se ha tomado bajo las mismas consideraciones que antes, cuando suspendieron los visados de los generales de la Policía?

R. Como hemos dicho repetidamente, Estados Unidos seguirá colaborando con Ecuador para aumentar la transparencia y el Estado de Derecho, combatir la corrupción, luchar contra el narcotráfico y aumentar la seguridad ciudadana. Estados Unidos no dudará en utilizar todas las herramientas disponibles a nuestra discreción para promover la rendición de cuentas de los individuos corruptos en Ecuador y en la región. Sin comentar sobre casos específicos, seguiremos tomando medidas enérgicas contra la financiación ilícita, congelando e incautando activos robados, denegando o revocando visados, utilizando sanciones específicas contra la corrupción y acciones de aplicación penal y civil. A través de estas actividades podemos defender la ley norteamericana y garantizar una gobernanza democrática más responsable para los ciudadanos de nuestros dos países.

P. Una de las principales fuentes de corrupción por la contaminación del narcotráfico y el crimen organizado es el sistema judicial. Especialmente por la actuación de varios jueces que han rebajado ilegalmente las penas y han dejado en libertad a narcotraficantes condenados o a políticos corruptos, violando todas las leyes vigentes. ¿Está usted al tanto de estos casos? ¿Ha revocado los visados a jueces y abogados por estos motivos?

R. Los que tuercen la ley están robando la justicia al pueblo ecuatoriano. Como he dicho antes, no queremos ni ladrones ni su plata en nuestro país. La Embajada de Estados Unidos ha revocado las visas de no-inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en el sector legal y judicial al determinar que ya no califican bajo nuestra ley para estas visas. Dado que los registros de visados son reservados según la legislación estadounidense, no comentamos los casos individuales. Pero insisto en algo fundamental: Tener un visado es un privilegio, no un derecho. La decisión de negar, expedir o revocar un visado es una decisión soberana tomada por países de todo el mundo sobre la base de sus propias leyes y requisitos de entrada.

La corrupción amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos. La corrupción impide el crecimiento económico, socava los derechos humanos y la democracia, y destruye la confianza en el poder judicial y otras instituciones públicas. La corrupción facilita la delincuencia transnacional y socava la seguridad de los ciudadanos. Ningún país puede luchar por sí solo contra estos problemas; sin embargo, podemos conseguir que nuestros ciudadanos estén más seguros y promover la responsabilidad y la transparencia trabajando juntos.

Como hemos visto en todo el mundo, el éxito de un país en la lucha contra la delincuencia transnacional, incluido el tráfico de drogas, se mide directamente por el nivel de voluntad de ese país para combatir el problema. La corrupción de los funcionarios gubernamentales (ya sean policías, militares, judiciales, políticos, etc.) y de los individuos del sector privado es el mayor obstáculo para la capacidad de cualquier país de luchar contra la delincuencia a gran escala. La corrupción en los procesos de creación de políticas y reglamentos obstaculiza el marco jurídico de un país para perseguir esos delitos. La corrupción en las instituciones obstaculiza la capacidad de un país para mantener el terreno que ha ganado y permite que las empresas criminales más organizadas y enfocadas florezcan y controlen el resultado de cualquier esfuerzo para combatir el problema. El gobierno de Estados Unidos, o cualquier otro, puede gastar mucho dinero en la lucha contra la delincuencia transnacional y el narcotráfico, pero sin la participación de las instituciones y los individuos clave, esos esfuerzos pueden tener un éxito limitado.

P. ¿Ha pensado Estados Unidos en promover o acompañar la puesta en marcha de una alianza regional para hacer frente a los narcotraficantes transnacionales, que están generando graves problemas de gobernabilidad y son la principal amenaza para la seguridad y supervivencia de nuestras sociedades?

R. Estados Unidos ya trabaja con los gobiernos de toda la región para fortalecer las instituciones de justicia penal a través de subvenciones, capacitación y asistencia técnica. También apoya iniciativas para fortalecer las relaciones entre los gobiernos de la región con el fin de facilitar las comunicaciones, las operaciones y la cooperación general para combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico en general.

El gobierno de Estados Unidos trabaja con otros países de la región, incluido Ecuador, para reforzar la capacidad de las instituciones nacionales e internacionales y de los organismos multilaterales centrados en el establecimiento de normas globales contra la corrupción, la recuperación de activos, la promoción de la transparencia financiera, el fomento de la apertura del gobierno, el fortalecimiento de los marcos de las instituciones financieras para prevenir la corrupción en los proyectos de financiación del desarrollo y la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación ilícita y el soborno.

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