La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas fijó para el miércoles 16 de septiembre de 2026 la audiencia de apelación de Aquiles Alvarez dentro del denominado caso Grillete, en el que el alcalde de Guayaquil fue sentenciado en primera instancia a tres años de prisión por incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente.
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La diligencia permitirá tratar el recurso presentado contra la sentencia emitida el pasado 3 de agosto por el Tribunal de Garantías Penales de Durán, que declaró culpable a Alvarez como autor directo del delito.
El fallo determinó que el alcalde retiró sin autorización judicial el dispositivo de vigilancia electrónica que debía portar como parte de las medidas cautelares impuestas dentro de otro proceso penal.
Con la apelación, la defensa busca revertir la condena de tres años de cárcel dictada contra el funcionario, que permanece encarcelado desde inicios de marzo en la Cárcel del Encuentro, situada en la provincia de Santa Elena.
La audiencia se desarrollará, además, un día después de la fecha en la que la defensa de Alvarez pretende que el alcalde sea sometido a una intervención quirúrgica.
El abogado Julio César Cueva solicitó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) autorización para que Alvarez sea operado de urgencia el 15 de septiembre en una clínica privada, debido a cálculos en la vesícula.
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La esposa del alcalde denunció públicamente que el SNAI habría condicionado el permiso a que el procedimiento se realice en un hospital público y no en una casa de salud privada.
Alvarez acumula dos condenas en primera instancia
La audiencia del caso Grillete se incorpora a un panorama judicial en el que Alvarez recibió dos sentencias condenatorias de primera instancia durante agosto de 2026.
Además de los tres años impuestos por el caso Grillete, el pasado 29 de agosto fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión en el caso Triple A, como autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos.
En ese proceso, el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Corrupción determinó que Alvarez organizó y dirigió un esquema empresarial para desviar y comercializar irregularmente combustible subsidiado por el Estado entre 2020 y 2024.
La Fiscalía calculó en USD 61,5 millones el perjuicio ocasionado al Estado. La sentencia también incluyó una multa equivalente a 12 salarios básicos unificados.
Mientras tanto, el denominado caso Goleada, relacionado con presunto lavado de activos y desvío de combustible subsidiado, se encuentra en la fase de juicio, aunque temporalmente detenido.
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El juez José Sebastián Cornejo se inhibió de continuar con la causa después de que el Consejo de la Judicatura eliminara la Unidad Judicial Especializada en Corrupción y Crimen Organizado a la que pertenecía su juzgado.
El expediente deberá pasar por un nuevo sorteo para que otro juez penal en Iñaquito asuma el proceso.
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