La Fiscalía expuso parte de los movimientos bancarios que conectarían al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, con Navila D. B. y sus dos hermanos, quienes son investigados por presunto lavado de activos en el denominado caso ‘La Reina’.
La investigación nació tras un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en el que constan supuestas irregularidades en las cuentas bancarias de los tres hermanos.
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Se analizan depósitos, transferencias, cheques y adquisición de bienes, realizados entre 2020 y marzo de 2026.
¿Cuál es el vínculo entre Aquiles Alvarez y Navila?
El Ministerio Público asegura que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dio 5 cheques de USD 10.000 cada uno, por un total de USD 50.000, a Navila entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 2023.
Al día siguiente del primer pago, se habría emitido una factura por la compra de un vehículo de más de USD 40.000.
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Por otra parte, la empresa Ternape Petroleum S. A., en donde Alvarez es accionista, realizó movimientos por USD 53.450 entre 2020 y 2023 a favor de la exreina.
También, habría registros de transferencia por un total de USD 66.845 por parte de depósitos de 25 funcionarios públicos del Municipio de Guayaquil.
El Ministerio Público dice tener facturas por “material promocional” y salidas del país hacia Argentina y México.
En cambio, David Aaron D. B. habría recibido cheques y depósitos por miles de dólares por parte de Aquiles Alvarez, sin que haya una relación laboral o comercial formalizada.
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Por ejemplo, en el 2020, el procesado recibió un cheque de USD 26.250, pero en el 2021 devolvió a Alvarez unos USD 37.500.
Entre depósitos y transferencias de un lado al otro, los hermanos D. B. lograron adquirir vehículos SUV eléctricos e inmuebles en Puerto Mocolí, Samborondón.
¿Qué dice la defensa de los procesados?
Cecilia Perero, abogada de David Aaron D. B., señaló que la Fiscalía basó su ponencia en supuestos nexos de Navila y no en acciones directas de su cliente.
Además, explicó que parte de los fondos provienen de una herencia anticipada de la madre de los procesados, ya que vendió una finca en El Guabo, provincia de El Oro. Con ese dinero, se compraron algunos bienes investigados.
Luego, dijo que no hay pruebas de un incremento patrimonial y recalcó que en el tiempo en que se hicieron los depósitos Aquiles Alvarez no se encontraba procesado por ninguna causa, por lo que “sus actos o su dinero era lícito”.
Mientras tanto, Tobías Guzmán, abogado de Farid Antuan D. B., manifestó que el reporte de la UAFE no corresponde a una única transacción, sino a la suma acumulada de múltiples transferencias realizadas a lo largo de siete años.
Luego, recalcó que no existe nexo causal entre Aquiles Alvarez, sus empresas y su defendido. Finalmente, denunció que se ha vulnerado el derecho a la defensa, ya que no fue notificado en la etapa de la investigación previa.
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