Pabel Muñoz defiende compra de trolebuses y tilda informe de Contraloría como 'bochorno internacional'
El alcalde cuestionó con dureza el informe de la Contraloría General del Estado, al que calificó como un documento que “no entiende nada” del proceso de compra de los vehículos.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión dentro de la investigación relacionada con la adquisición de trolebuses eléctricos, en medio de cuestionamientos de la Contraloría que señalan presuntas irregularidades en el proceso.
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El funcionario defendió la legalidad de su actuación y aseguró que su participación se limitó a un acuerdo de cooperación internacional.
A las afueras de la institución, Muñoz sostuvo que su comparecencia tuvo como objetivo “esclarecer cuál ha sido mi participación” dentro del proceso, el cual, según explicó, se enmarca en un “marco de cooperación” con la Organización de las Naciones Unidas.
Enfatizó que este tipo de convenios está respaldado por la Constitución y por tratados internacionales vigentes en el país.
El alcalde también cuestionó con dureza el informe de la Contraloría General del Estado, al que calificó como un documento que “no entiende nada” de lo actuado.
Según dijo, el reporte contiene “un conjunto de vulneraciones” y llega incluso a sugerir la posible existencia de peculado en una operación vinculada con Naciones Unidas, lo que consideró “un bochorno internacional”.
Observaciones de la Contraloría
El pronunciamiento de Muñoz se produce luego de que la Contraloría detectara irregularidades en la compra de 60 trolebuses eléctricos, realizada a través de un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), dentro de la iniciativa de movilidad sostenible del Municipio de Quito.
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El examen especial, que analizó el periodo entre agosto de 2022 y abril de 2025, determinó posibles responsabilidades administrativas por más de USD 79.000 y responsabilidades civiles que ascienden a USD 2,5 millones.
De acuerdo con el informe, la adquisición se efectuó sin acatar recomendaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que sugería realizar el proceso mediante subasta inversa.
En su lugar, se optó por la firma de un memorando de entendimiento con la UNOPS, lo que derivó en un mecanismo distinto al de la contratación pública ordinaria.
Asimismo, la Contraloría señaló la falta de respaldos documentales sobre costos de implementación e indirectos, así como la ausencia de controles por parte del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ), lo que habría generado un perjuicio económico.
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Frente a estos señalamientos, Muñoz reiteró que su rol se limitó “exclusivamente a la firma de un memorando de entendimiento”, instrumento que, según afirmó, es común en administraciones municipales para canalizar cooperación internacional y asistencia técnica.
El alcalde también subrayó que el proyecto en cuestión no se restringe a la compra de unidades, sino que forma parte de un plan más amplio de modernización del transporte público en Quito, del cual los trolebuses son solo uno de sus componentes.
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