El gremio anunció el fin de la racionalización del servicio luego de casi siete horas de conversaciones con autoridades capitalinas, incluido el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
El alcalde cuestionó con dureza el informe de la Contraloría General del Estado, al que calificó como un documento que “no entiende nada” del proceso de compra de los vehículos.
Muñoz lamentó que se produzcan disputas dentro del correísmo tan solo días después de que el Gobierno de Daniel Noboa sufrió su primer revés electoral.
La solicitud se basa en acusaciones de incumplimiento de funciones, tras una sentencia anterior en la que el alcalde fue sancionado por inducir al voto durante sus funciones oficiales.
