Hay indicios de responsabilidad penal en la mayoría de informes a declaraciones patrimoniales de servidores judiciales, advierte Contraloría
El contralor Mauricio Torres aseguró que en 59 de 110 exámenes a las declaraciones patrimoniales de servidores judiciales se hallaron “diferencias injustificadas en activos y pasivos”.
En una comparecencia ante legisladores, el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, aseguró que en 59 de 110 informes de exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas de fiscales, jueces y funcionarios judiciales, realizados desde noviembre del 2023, se hallaron indicios de responsabilidad penal.
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En esos casos, la Contraloría concluyó que había “diferencias injustificadas en los activos y pasivos de los servidores”, según informó a través de un comunicado difundido este lunes.
La Contraloría puso en conocimiento de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea que otras 60 acciones de control están en ejecución y que en el segundo semestre de 2025 iniciarán siete exámenes adicionales.
“En el Consejo de la Judicatura se realizaron 108 auditorías, de las cuales se desprendieron 57 informes con indicios de responsabilidad penal. En esta entidad se ejecutan 36 acciones de control adicionales y 6 más están por iniciar”, informó la entidad.
Las provincias en las que se han llevado a cabo intervenciones son Azuay, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe.
Torres precisó que en la Fiscalía General del Estado se aprobaron dos informes con indicios de responsabilidad penal, precisó que 24 acciones de control están en ejecución y que una se pondrá en marcha en el transcurso de los próximos meses.
Corrupción judicial al descubierto
En diciembre del 2023 se puso en marcha el caso Metástasis, que reveló un amplio esquema de corrupción judicial, policial y carcelario con el objetivo de beneficiar al narcotraficante asesinado Leandro Norero, que devino en condenas de prisión para conocidas figuras, como el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.
En los meses posteriores se emprendieron más investigaciones enfocadas en cómo los tentáculos del crimen organizado se extendieron a lo largo de entidades judiciales en diversas provincias.
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El caso denominado Purga desentrañó una trama de corrupción en la Corte Provincial de Guayas, que dejó como los sentenciados más destacados a la extitular de esa entidad, Fabiola Gallardo, y al otrora asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes.
En cambio, la investigación denominada Pantalla, por la que Terán acumuló su tercera condena de prisión este lunes, de 6 años y 8 meses, dejó al descubierto un plan para manipular el Concurso Público de Méritos y Oposición convocado en 2023 para la selección de jueces y juezas nacionales de la Corte Nacional de Justicia, con el objetivo de cumplir con favores políticos.
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