Una exjueza anticorrupción será procesada por presunto enriquecimiento ilícito
El juez de la causa dispuso la inmovilización y el congelamiento de tres cuentas bancarias.
La exjueza anticorrupción Gabriela L. será procesada por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el juez del caso aceptara el inicio de la instrucción fiscal en la audiencia de formulación de cargos.
La Fiscalía General del Estado presentó varios elementos de convicción recabados durante la investigación previa. Por ello, el juez de la causa también dictó prisión preventiva.
LEA TAMBIÉN: El sismo que despertó al país: ¿Por qué tiembla la tierra en Ecuador?
Como medidas de carácter real, se dispuso la retención de valores por USD 56.760; la prohibición de enajenar dos bienes inmuebles y un vehículo; así como la inmovilización y el congelamiento de tres cuentas bancarias de la procesada.
Gabriela L., exjueza del Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, fue acusada por la Fiscalía por su presunta responsabilidad —en calidad de autora directa— en el delito de enriquecimiento ilícito.
Proceso judicial en contra de exjueza anticorrupción se deriva del caso Fachada
Esta investigación se deriva del caso Fachada, en donde la Fiscalía lideró un operativo en dos provincias la madrugada del 16 de enero de 2025.
Durante allanamientos a inmuebles ubicados en Pichincha y Esmeraldas, presuntamente vinculados con la procesada, se levantaron como indicios USD 56.760.
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal provincial de Pichincha presentó 49 elementos de convicción que evidenciarían un incremento patrimonial constante y continuado.
LEA TAMBIÉN: Aplicación del 15% del IVA en ciertos alimentos afectaría en el precio y en la aparición de opciones informales
Entre los elementos constan: copias certificadas del parte policial relacionado con los allanamientos ejecutados el 16 de enero de 2025 -en el marco del caso Fachada-; el reporte tributario emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI); el informe ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) de la Contraloría General del Estado, documentación del Consejo de la Judicatura y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Además, la Fiscalía incluyó entre las evidencias una promesa de compraventa de un bien inmueble en Esmeraldas, así como información de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), entidades financieras y una concesionaria de vehículos.
Según la investigación previa, iniciada en 2025 por la Fiscalía Provincial de Pichincha, existen indicios de que la ahora procesada -quien entonces se desempeñaba como funcionaria pública- habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en más de USD 140 mil, entre 2022 y 2025.
Durante ese período, Gabriela L. ocupó cargos en la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura (Dirección Provincial de Esmeraldas) y, posteriormente, en el Tribunal Anticorrupción.
.png)
.png)
