Exigir datos personales para ver declaraciones patrimoniales de funcionarios desata críticas en Ecuador
La reforma habría sido adoptada mediante un acuerdo emitido por la Contraloría, en el que argumentó la necesidad de "optimizar el rendimiento de su sistema", sobrepasado por el tráfico.
Los interesados en acceder a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos en Ecuador deben revelar a partir de ahora datos personales para visualizar la información, según unos nuevos requisitos exigidos por la Contraloría, medida que genera críticas contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
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El sistema pide ingresar el número del documento de identidad de la persona que hace la consulta, su fecha de expedición y un correo electrónico.
Una vez validada la identidad, solo se podrá visualizar el tipo de declaración y la identificación del declarante, la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), los valores totales de los activos y pasivos, así como el patrimonio total, sin acceso al detalle específico de los bienes declarados.
El expresidente Rafael Correa, máxima figura de la Revolución Ciudadana (RC), el principal partido de la oposición, catalogó la medida como una "fuente de corrupción” y dijo en su cuenta de la red social X que el contralor tendrá que rendir "cuentas a una verdadera justicia más temprano que tarde".
"La Contraloría de Ecuador implementa el requisito obligatorio de dar datos personales para acceder a información pública, en el contexto del escrutinio de futuras autoridades", alertó la organización Usuarios Digitales, que fomenta el libre ejercicio de los derechos en plataformas digitales.
La organización Ciudadanía y Desarrollo, que promueve en Ecuador la transparencia gubernamental, también se pronunció sobre la medida, advirtiendo que vulnera el acceso a la información pública y la protección de datos personales de los ciudadanos.
La reforma habría sido adoptada mediante un acuerdo emitido por la Contraloría, en el que argumentó la necesidad de reforzar la protección de datos personales y "optimizar el rendimiento del sistema" ante el elevado número de consultas externas registradas en los últimos días, según un escrito que difundió este martes la abogada Alejandra Vivanco, experta en control gubernamental.
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Las declaraciones patrimoniales juradas son documentos en los que los funcionarios públicos informan, bajo juramento y de manera obligatoria, sobre sus bienes, ingresos y deudas para garantizar transparencia.
Críticas por designación de ministro de Salud
Los cambios salieron a la luz poco después de que el presidente Noboa anunciara el lunes que Jaime Bernabé Erazo sería el nuevo ministro de Salud, en sustitución de la vicepresidenta María José Pinto, quien ha estado al frente de esta cartera de Estado desde noviembre pasado, pero cuya gestión ha sido criticada por no solucionar la falta de insumos y medicinas en hospitales públicos.
Erazo asumió la dirección general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en 2024, pero permaneció 27 días en el cargo por presuntamente no declarar su participación en empresas proveedoras de servicios médicos.
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Además, de acuerdo a medios locales, tenía un impedimento para ejercer cargos públicos por parte de Ministerio de Trabajo por constar como deudor del IESS, una condición que seguía vigente hasta este lunes y que fue resuelta pocas horas después del anuncio presidencial.
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