El escándalo de los contratos de emergencia de Progen Industries LLC en El Salitral (Guayaquil) y Quevedo, que tiene a 21 personas en el banquillo de los acusados por presunto peculado y orden de prisión preventiva para 19, no nació en la Costa. El esquema de adjudicaciones a dedo, motores obsoletos y pólizas bajo sospecha se ensayó primero en la Sierra Sur del país: en la Central Termoeléctrica Catamayo, provincia de Loja.
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Un informe de la Contraloría General del Estado (documento DNA4-SEyEP-0027-2025, aprobado el 31 de diciembre de 2025), al que Vistazo tuvo acceso, desarmó un contrato de USD 20,1 millones que, tras más de un año, dejó solo varillas oxidadas y cuatro generadores sellados que jamás produjeron un solo kilovatio de energía.
En abril-mayo de 2024, la crisis energética en Ecuador tenía los embalses en niveles críticos debido a la sequía, obligando a racionamientos de varias horas. Bajo esa presión, el 27 de mayo de 2024, la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA) declaró la emergencia (Resolución N.° 038/2024) para incorporar entre 14 y 15 megavatios (MW) en la central de la novel parroquia Trapichillo, cantón Catamayo.
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Sin embargo, la auditoría de la Contraloría determinó que la urgencia carecía de sustento técnico: “La declaratoria de emergencia no fue concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva”, se lee en el Informe de la Contraloría General del Estado.
Los técnicos de la EERSSA sabían que las unidades de la central llevaban años dañadas: la Unidad 8 estaba fuera de servicio desde 2012 (12 años antes) y la Unidad 6 desde 2022. El Supervisor de la planta admitió que el informe de necesidad se redactó por una orden verbal de la máxima autoridad de la empresa. Para "agilitar los trámites" se utilizó la modalidad "llave en mano" (IPC), prohibida en el país si no se cuenta con ingeniería básica o conceptual aprobada.
El 16 de julio de 2024, la Comisión Técnica de la EERSSA fijó un presupuesto referencial de USD 19,3 millones e invitó a un solo proveedor a las 21h08: Progen Industries LLC, con sede en Mulberry, Florida.
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Lo que ocurrió después es calificado por el organismo de control como una de las mayores anomalías del proceso:
A pesar de que la Comisión Técnica advirtió al día siguiente que el monto superaba el presupuesto referencial y recomendó declarar desierto el proceso, el contrato se adjudicó el 22 de julio por USD 20,1 millones.
Tres días antes de la adjudicación, altos funcionarios de la EERSSA recibieron un correo electrónico de Progress Rail (RPG), distribuidor exclusivo en Ecuador de los motores Electro-Motive Diesel (EMD) que Progen pretendía instalar. El mensaje advertía cinco puntos críticos:
Pese a que el Gerente de Operaciones admitió haber leído el correo y que se discutió en reuniones directivas, el proceso continuó. La Comisión calificó la oferta como si la advertencia no existiese.
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Las inconsistencias saltaron de los papeles a las máquinas durante la inspección física en Houston, Texas (agosto de 2024). Las bases pedían un voltaje de 13,8 kV; Progen en la oferta prometía generadores de 4,16 kV con transformadores para subir a 13,8. Los motores listos para enviar marcaban 11 kV.
El consorcio fiscalizador alertó que el voltaje de 11 kV no estaba normalizado en las redes de la EERSSA y causaría problemas de mantenimiento. Aun así, el Administrador del Contrato firmó el acta de constatación omitiendo el problema, habilitando un desembolso correspondiente al 70% del valor contractual.
Días después, un viernes a las 22h31, se suscribió la Adenda 01. Este documento no solo eliminó la exigencia de entregar equipos totalmente nuevos, sino que autorizó a Progen a colocar sus propias placas en los motores, asumiendo el rol de fabricante.
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El contrato otorgaba 90 días de plazo para que el oferente, Progen, se registrase ante la Superintendencia de Compañías. En septiembre de 2025, la entidad de control societario confirmó que Progen nunca obtuvo el permiso de operación. Es decir que, para el Estado ecuatoriano, la empresa no existía legalmente en el país.
Una inspección notarial realizada el 18 de julio de 2025 en la central de Catamayo constató el abandono de la obra tras 15 meses de vigencia del contrato (cuyo plazo original era de 180 días):
Hasta esa fecha, la empresa eléctrica lojana cuyo máyor accionista es el Ministerio de Energía, ya había desembolsado a Progen más de USD 18 millones. Aunque en agosto de 2025 la nueva administración de la EERSSA inició el trámite de terminación unilateral del contrato, el dinero sigue sin recuperarse. Igual que en El Salitral, igual que en Quevedo...