Asamblea aprobó reforma para que la Contraloría elimine información reservada en 30 días

Esta medida violaría el derecho ciudadano de acceso a la información pública, control social y desclasificación, según la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).

La Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) alertó este martes que la Asamblea Nacional aprobó una reforma que permite a la Contraloría eliminar información clasificada en 30 días.

La medida forma parte de la Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales de las fuerzas del orden, la cual fue aceptada con 87 votos afirmativos.

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Si bien esta nueva norma habla mayormente de endurecer las sanciones por la utilización irregular de atuendos de la Policía y Fuerzas Armadas, a último minuto también se incorporó una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

En el documento se menciona que la Contraloría podrá destruir documentos físicos y digitales “que contengan información confidencial o clasificada como reservada, secreta o secretísima, relacionada con procesos, actuaciones, exámenes especiales, auditorías o expedientes institucionales”.

Esto dentro del plazo máximo de 30 días calendario y “mediante una resolución debidamente motivada y observando estrictas medidas de seguridad institucional”.

Además, la ley aclara que no se podrá eliminar “información relacionada con procesos judiciales pendientes, investigaciones penales vigentes, responsabilidades civiles, administrativas o indicios de responsabilidad penal no prescritos”.

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$!Parte de la Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales.

Alerta ciudadana ante este cambio

La Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) emitió un comunicado en el que explica que esa disposición facultaría a la Contraloría a destruir expedientes, auditorías y otros documentos institucionales.

Esta medida contraviene lo dispuesto en la normativa nacional sobre el derecho ciudadano de acceso a la información pública, control social y desclasificación de información", manifestó la organización.

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Agregó que también se violaría los estándares interamericanos que obligan al Estado a preservar información relevante para la debida rendición de cuentas de las autoridades públicas.

Por ello, la FCD exhorta al presidente Daniel Noboa a vetar esta norma, “evitando así que su entrada en vigencia vulnere derechos ciudadanos”.