El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes, en segundo debate, la Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales, una iniciativa que busca frenar el empleo de indumentaria oficial por parte de organizaciones criminales para cometer delitos y simular operaciones de seguridad.
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La propuesta fue respaldada con 87 votos afirmativos sobre la base del informe elaborado por la Comisión de Seguridad Integral.
Según el Legislativo, la reforma responde al incremento de casos en los que estructuras delictivas han utilizado uniformes y distintivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para ejecutar secuestros, extorsiones, robos y otras actividades ilícitas, aprovechando la apariencia de autoridad para engañar a las víctimas.
Durante el debate, la asambleísta Jhajaira Urresta, quien presentó la moción, sostuvo que la normativa funge como respuesta frente a una modalidad criminal que afecta la confianza ciudadana y vulnera la legitimidad de las instituciones de seguridad.
La reforma incorpora cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y establece nuevas sanciones para quienes utilicen, fabriquen o comercialicen de forma ilegal elementos de identificación institucional.
Penas de hasta siete años de prisión
Uno de los principales cambios contempla la tipificación del delito de uso fraudulento de uniformes, insignias, distintivos y demás elementos de identificación institucional pertenecientes a entidades de seguridad del Estado.
La nueva normativa establece penas de uno a tres años de prisión para quienes utilicen sin autorización uniformes o distintivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional u otras entidades reguladas por el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP).
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La sanción aumenta a tres a cinco años cuando esos elementos sean empleados para simular controles, operativos o procedimientos de seguridad con el objetivo de inducir a error a terceros.
En los casos en que la simulación involucre específicamente uniformes o distintivos de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, la pena podrá alcanzar entre cinco y siete años de privación de libertad, debido al impacto que estas conductas generan sobre la seguridad pública.
La ley también incorpora el delito de fabricación, comercialización y circulación ilícita de uniformes e insignias institucionales, con penas de privación de libertad de uno hasta siete años con base a agravantes, como la participación de funcionarios.
Además, la normativa impone nuevas obligaciones a las compañías de vigilancia y seguridad privada, que deberán mantener registros verificables sobre la entrega y devolución de uniformes y distintivos utilizados por su personal.
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El texto aprobado será remitido al Ejecutivo para su análisis y eventual sanción u objeción, conforme al procedimiento legislativo establecido en la Constitución.
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