La audiencia que determinará si los siete procesados por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado el 9 de agosto de 2023, serán llamados a juicio fue aplazada nuevamente.
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El juez Giovanny Freire aceptó las solicitudes presentadas por Xavier Jordán y Daniel Salcedo, dos de los investigados en el denominado caso Magnicidio FV.
La diligencia estaba prevista para este jueves 29 y viernes 30 de octubre de 2026. Sin embargo, el magistrado resolvió diferir su reinstalación hasta el jueves 5 de noviembre, a las 09:00.
En esta etapa, el juez deberá pronunciarse sobre el pedido de la Fiscalía General del Estado para llevar a juicio a José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo, Wilmer Chavarría, Esteban Aguilar y Luis Arboleda, señalados como presuntos autores mediatos del asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.
La decisión judicial se produjo después de que Jordán, quien se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en el Centro Correccional de Winn (Winn Correctional Center), argumentara que su abogado debía asistir a una audiencia de revisión en la Corte Nacional de Justicia.
Por su parte, Salcedo, sentenciado en múltiples causas por corrupción y recluido en la Cárcel del Encuentro, alegó dificultades para comunicarse con su defensa y mencionó un trámite relacionado con su extradición a Estados Unidos, prevista para el 29 de octubre.
Freire indicó que el diferimiento se concedía por última ocasión respecto de los motivos expuestos por los procesados.
La decisión provocó el rechazo de Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del excandidato presidencial asesinado y acusadoras particulares dentro del proceso.
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Ambas cuestionaron que la audiencia fuera aplazada cuando faltaba menos de un día para su reinstalación, especialmente porque el juez ya había contado con más de dos meses para analizar los argumentos y elementos presentados por las partes.
Acusación de la Fiscalía
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación busca demostrar la existencia de una cadena de mando que habría conectado a presuntos actores políticos, financistas, operadores logísticos y miembros de la organización criminal Los Lobos.
Según el dictamen, Jordán habría sido "el impulsor de la iniciativa criminal", presuntamente participando en la planificación y el financiamiento del asesinato. La Fiscalía sostiene además que mantenía vínculos con Serrano, Aleaga, Salcedo y el narcotraficante ecuatoriano Leandro Norero, este último ya fallecido.
En el caso de Serrano, la acusación lo identifica como uno de los supuestos planificadores del crimen y sostiene que habría proporcionado información sensible sobre Villavicencio obtenida durante su paso por el Ministerio del Interior, que encabezó durante el Gobierno de Rafael Correa, entre 2011 y 2016.
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Por su parte, Aleaga es señalado como el presunto articulador entre actores políticos y la estructura criminal, mientras que Salcedo habría servido como enlace logístico entre los presuntos mentalizadores del asesinato y los autores materiales.
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