Contraloría detecta perjuicio de más de USD 11 millones por compra de medicinas en hospitales de Ecuador

En total son 68 funcionarios, de distintas casas de salud del país, que habrían incurrido en una serie de irregularidades en la adquisición de fármacos e insumos.

La Contraloría General del Estado (CGE) ratificó que decenas de trabajadores de hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) causaron un perjuicio al Estado de USD 11,6 millones por irregularidades en la adquisición de medicamentos e insumos.

La entidad de control identificó responsabilidades civiles contra 68 servidores de 13 casas de salud tras ejecutar un examen especial en 2023, que analizó varios contratos para la compra de fármacos dirigidos a personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas.

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El período auditado comprendió entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2022. Uno de los principales hallazgos fue que existían diferencias en las cantidades de medicamentos recibidos por los pacientes y los existentes en las bodegas generales y de farmacia de los hospitales.

“Debido a que no se mantuvo un control riguroso de los ingresos y egresos en las mencionadas bodegas, sin verificar la distribución, destino y uso de fármacos, que ascendería a más de USD 11 millones”, detalló la Contraloría.

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Otras irregularidades en los hospitales

El informe de auditoría también precisa que se adquirieron 100 unidades de Rituximab, un medicamento utilizado para diversos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes graves, por emergencia sin cumplir con las causales legales.

De igual manera el fármaco Trastuzumab, destinado a pacientes con cáncer de mama, fue entregado fuera del plazo contractual, “poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos”.

Asimismo, no se verificó que los bienes cumplieran con las especificaciones técnicas en su recepción, “lo que impidió el cobro de multas y permitió el almacenamiento de dispositivos médicos caducados o adulterados”.

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“Esto afectó el acceso de pacientes con VIH a pruebas de hepatitis B y provocó el desabastecimiento de medicamentos esenciales para pacientes con hemofilia”, dice el reporte de la Contraloría.

Además, no se registró al proveedor como contratista incumplido ante el SERCOP y no se ejecutaron garantías de fiel cumplimiento ni se presentó la denuncia ante la Fiscalía por medicamentos adulterados.

Por estos hallazgos, la CGE ratificó las responsabilidades civiles para los servidores públicos de los hospitales: Eugenio Espejo, Baca Ortiz, Pediátrico Francisco Icaza Bustamante, Gilbert Pontón, General Isidro Ayora, Vicente Corral Moscoso, General Alfredo Noboa Montenegro, General Rodríguez Zambrano, General Napoleón Dávila Córdova, General Dr. Gustavo Domínguez Zambrano, General Docente de Ambato, General San Vicente de Paúl y General Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha.