Aquiles Alvarez enfrentará audiencia clave por el ‘Caso Triple A’ mientras sigue en prisión preventiva
El abogado del alcalde, Ramiro García, ha sostenido que el ‘Caso Goleada’ estaría basado en los mismos hechos que se investigan en el ‘Caso Triple A’.
El Tribunal que sustancia el denominado ‘Caso Triple A’ fijó para el 7 y 8 de marzo de 2026 la audiencia de revisión o posible sustitución de medidas cautelares contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
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La diligencia se realizará de manera presencial en el Complejo Judicial Norte, a partir de las 08:30. Dentro del mismo proceso, la audiencia de juicio está programada para iniciar el 7 de marzo y extenderse hasta el 21 del mismo mes.
Aquiles Alvarez cumple prisión preventiva en Cotopaxi
Este escenario judicial ocurre mientras el burgomaestre cumple prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1, tras su detención dentro del denominado ‘Caso Goleada’.
El traslado del alcalde hacia ese centro penitenciario se ejecutó la madrugada del 12 de febrero de 2026, junto a sus hermanos y otros procesados. En este caso, la Fiscalía General del Estado indaga una presunta estructura de delincuencia organizada que estaría relacionada con lavado de activos y defraudación tributaria.
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De acuerdo con el Ministerio Público, durante el operativo que derivó en su captura, el alcalde no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica que formaba parte de sus medidas cautelares previas, que incluían presentación periódica y el uso obligatorio de grillete electrónico. Por este motivo, la Fiscalía solicitó la revisión de dichas medidas ante la autoridad judicial.
Origen del caso Triple A
El abogado del alcalde, Ramiro García, ha sostenido que el ‘Caso Goleada’ estaría basado en los mismos hechos que se investigan en el ‘Caso Triple A’. En esta última causa, Alvarez es procesado por la presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos, proceso que estaría relacionado con el negocio familiar de estaciones de servicio.
El ‘Caso Triple A’ se inició tras una denuncia presentada el 12 de julio de 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. En el documento se alertó sobre presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles, lo que habría generado un posible perjuicio económico al Estado ecuatoriano.
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Según la Fiscalía, los elementos recopilados apuntan a que los procesados habrían comercializado grandes volúmenes de combustible, principalmente diésel subsidiado, con supuestas inconsistencias entre las cantidades despachadas y las registradas en la facturación de varias estaciones de servicio y empresas relacionadas.
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