El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, cumple prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1, ubicado en Latacunga, a donde fue trasladado la madrugada de este jueves 12 de febrero de 2026, en el marco del denominado ‘Caso Goleada’.
El traslado del burgomaestre se realizó junto a sus hermanos y otros procesados vinculados a esta causa, en la que la Fiscalía investiga una presunta trama de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez Jairo García dictó prisión preventiva contra Aquiles Alvarez, así como para sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez, este último presidente de Barcelona SC. La misma medida fue dispuesta para César Bravo y Fernando Peñaherrera.
En contraste, otros cinco procesados recibieron medidas sustitutivas, entre ellas presentaciones periódicas ante la autoridad judicial y prohibición de salida del país. En este grupo constan Pablo Pita, Carlos Asanza, David Álvarez Kronfle, Ricardo Bruzzone y Gastón Loy.
Por su parte, Pedro Juan Hidalgo deberá cumplir arresto domiciliario debido a su condición de adulto mayor.
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Además, el magistrado aceptó el pedido de la Fiscalía de inmovilizar las cuentas bancarias de todos los procesados dentro del Sistema Financiero Nacional.
Fiscalía investiga presunta red societaria ligada al comercio de combustibles. Todos los implicados fueron detenidos durante operativos ejecutados la madrugada del martes en Guayaquil, dentro de la investigación denominada ‘Caso Goleada’.
Según la Fiscalía General del Estado, la causa indaga la supuesta existencia de un entramado societario complejo que habría corrompido a funcionarios y evadido controles estatales en torno a la comercialización de combustible.
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El abogado de Aquiles Alvarez, Ramiro García, cuestionó la decisión judicial y aseguró que la prisión preventiva fue dictada sin un análisis individualizado del riesgo de fuga o interferencia en la investigación.
El jurista afirmó que se estaría utilizando la prisión preventiva como una pena anticipada y confirmó que apelará la resolución.
También sostuvo que el proceso se basa en los mismos hechos investigados en el denominado ‘Caso Triple A’, en el que el alcalde es procesado por presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos, relacionada con su negocio familiar de estaciones de servicio.
Según el defensor, la acusación fiscal se sustenta en una pericia de conversaciones de WhatsApp y en una denuncia anónima. “No hay ni una sola documentación que demuestre un acto de lavado de activos o de delincuencia organizada ni siquiera de comercialización ilícita de combustibles”, señaló.
Tras la decisión judicial, la Municipalidad de Guayaquil, actualmente dirigida por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, rechazó la medida y convocó a una marcha pacífica en respaldo a Aquiles Alvarez.
“Mañana marcharemos con paz, pero con firmeza. Esta ciudad no tolera más atropellos ni renuncia a la legalidad como principio”, expresó Coronel.