La prisión preventiva dictada este miércoles contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, no solo abre un nuevo frente judicial en su contra, sino que también plantea una pregunta clave: ¿cuánto tiempo puede mantenerse en funciones mientras permanece privado de libertad?
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Alvarez fue enviado a prisión en el marco del denominado caso ‘Goleada’, una investigación por presunto lavado de activos y defraudación tributaria que, según la Fiscalía, involucra un entramado alrededor de la comercialización de combustible.
En la causa también están vinculados sus dos hermanos y otras ocho personas. Todos los procesados, a excepción de un ciudadano de tercera edad, fueron encarcelados provisionalmente luego de que el juez Jairo García, de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción, acogiera el pedido del Ministerio Público en el Complejo Judicial Norte, en la ciudad de Quito.
Para el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), José Manuel Portugal, la permanencia de Alvarez en su cargo dependerá del tiempo que permanezca fuera de sus funciones.
Según explicó en un pronunciamiento público, la normativa vigente contempla que una persona que ocupa el cargo de burgomaestre puede ausentarse hasta tres días antes de que deba formalizar una ausencia temporal.
De hecho, horas antes de ser detenido en su vivienda, en una urbanización del cantón Samborondón, en la que se encontraron decenas de miles de dólares en efectivo, Alvarez solicitó una licencia de quince días que fue acogida este miércoles por el Consejo de Guayaquil, en una sesión encabezada por la vicealcaldesa Tatiana Coronel, quien funge ahora como alcaldesa encargada.
Incluso si se interpone un recurso que le permita al alcalde solicitar una ausencia temporal mientras cumple prisión preventiva —tal como lo hizo con el pedido de licencia—, el aspecto determinante será el plazo de 30 días que establece la Ley
La detención del alcalde se produce en un contexto de tensión política. Desde el movimiento Revolución Ciudadana, que impulsó a Alvarez en su candidatura, se ha denunciado una presunta persecución política por su oposición al Gobierno de Daniel Noboa.
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Entretanto, la Fiscalía sostiene que la nueva imputación —distinta al caso conocido como ‘Triple A’, relacionado con tráfico de combustible— corresponde ahora a una causa independiente por lavado de activos denominada ‘La Goleada’.