La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur se pronunció este jueves 26 de febrero sobre el caso de los cuatro menores del denominado 'Las Malvinas', ocurrido en diciembre de 2024 en Guayaquil.
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A través de un comunicado, ONU Derechos Humanos saludó la reciente sentencia en la que la justicia ecuatoriana declaró culpables a 16 militares por la desaparición forzada de tres adolescentes y un niño, durante un operativo realizado en la ciudad de Guayaquil.
El organismo destacó la resolución del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil, en la que concluyó que en el caso se configuraron múltiples violaciones a los derechos humanos, entre ellas desaparición forzada, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como un uso indebido de la fuerza y otros, enmarcados en varios hechos de "encubrimiento institucional".
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“La justicia ha sido clara en condenar el uso ilegítimo, excesivo y arbitrario de la fuerza pública, en un caso de violencia institucional extrema contra un niño y tres adolescentes en Ecuador”, expresó el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.
“En un contexto en que existen otras denuncias de desapariciones en el país, el fallo representa un paso significativo contra la impunidad”, añadió.
Según el Representante, la decisión judicial reafirma la prohibición absoluta de la desaparición forzada y la tortura, como también la obligación de debida diligencia y la responsabilidad penal individual de los agentes estatales, en línea con las normas internacionales de derechos humanos.
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Adicionalmente, Jarab valoró las medidas de reparación y garantías de no repetición ordenadas al Estado ecuatoriano por parte del Tribunal, incluidas capacitaciones obligatorias en derechos humanos, actos de memoria y la exigencia de disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa.
“Reafirmamos la importancia de asegurar la implementación integral de la sentencia”, señaló Jarab, quien reiteró la disposición de su Oficina a seguir cooperando con el Estado ecuatoriano en el fortalecimiento de sus políticas de promoción y protección de los derechos humanos.
A una pena de treinta y cuatro años y ocho meses fueron condenados 11 uniformados como autores del delito. Mientras que a los también militares Nelson Oswaldo S. Z., Moisés Israel L. L., Álex Xavier Q. A., Carlos Xavier E. M. y Christian Eduardo A. Q. –que participaron en el proceso en calidad de cooperadores eficaces–, se les dictó una sentencia de treinta meses.
La sentencia contempla el pago de una multa de 800 salarios básicos unificados y el pago de 10.000 dólares (cada sentenciado) a los familiares de las víctimas, y las disculpas públicas a través de medios de comunicación (prensa, radio, televisión y medios digitales) por parte de los dieciséis sentenciados, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, en las que deberá rectificarse la información errónea presentada originalmente en contra de las cuatro víctimas.
De acuerdo con la investigación, las víctimas –de 11 a 15 años– habrían sido detenidas por personal militar en las cercanías del Mall del Sur y trasladadas en vehículos de las Fuerzas Armadas. Luego, sus restos fueron encontrados a 37 kilómetros de ese lugar.
El 31 de diciembre de 2025, Fiscalía determinó –mediante pericias de genética forense– que los cuerpos encontrados en Taura pertenecían a las cuatro personas menores de edad desaparecidas.
Las pruebas confirmaron que las acciones estuvieron separadas de las funciones de servicio propias de un militar y que, en lugar de entregar a los menores de edad a la Policía, sus acciones fueron apartadas del debido proceso, lo que concluyó en la desaparición y muerte de las víctimas.