Caso Malvinas: así se estructuró el 'plan delictivo' de los 16 militares condenados
Además, el Tribunal detalló los intentos de encubrimiento por parte de los implicados.
La primera etapa del caso Malvinas ha concluido con la condena de 16 militares como autores de la desaparición forzada de cuatro menores de edad del sur de Guayaquil. En total, 11 soldados recibieron 34 años y 8 meses de cárcel, mientras que cinco cooperadores eficaces tan solo 30 meses. Por otro lado, un teniente coronel, procesado como cómplice, fue declarado inocente.
La sentencia contempla el pago de una multa de 800 salarios básicos unificados y el pago de USD 10.000 (cada sentenciado) a los familiares de las víctimas.
Revise también: Un año del caso Malvinas: Familias esperan justicia tras contradicciones de los implicados
Además, los condenados, así como las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, deberán pedir disculpas públicas a través de medios de comunicación, en las que se rectifique la información errónea presentada originalmente en contra de las cuatro víctimas.
El pasado 8 de diciembre de 2024, Josué, Ismael, Nehemías y Steven, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos por patrullas militares en las cercanías del Mall del Sur y trasladados en vehículos de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, el 24 de diciembre, sus cuerpos fueron hallados calcinados a 37 kilómetros de ese lugar.
REVELACIONES DEL JUICIO
Las pruebas expuestas por la Fiscalía confirmaron que las acciones de los 16 soldados “estuvieron separadas de las funciones de servicio propias de un militar y que, en lugar de entregar a los menores de edad a la Policía, sus acciones fueron apartadas del debido proceso, lo que concluyó en la desaparición y muerte de las víctimas”.
En su resolución, el Tribunal señaló tres principales omisiones de los ahora condenados: no comunicaron sobre la aprehensión al ECU 911, tampoco entregaron a las víctimas a la Policía y no garantizaron su integridad física.
El juez ponente José Suárez subrayó que hubo un intento de encubrimiento al “alinear versiones” en un chat grupal de WhatsApp y describir hechos falsos en los partes presentados el día de la detención.
A criterio de los magistrados, los militares actuaron como una “empresa criminal”, que tenían un “plan delictivo” de tres fases.
El magistrado también recalcó que los 16 soldados son culpables, ya que el concepto de “obediencia debida”, que ellos argumentaron en el juicio, no es válido ante “tratos crueles e inhumanos”.
Lea también: Masacre en Durán: cinco personas, entre ellas una menor de 14 años, fueron asesinadas dentro una vivienda
UN INOCENTE
El teniente coronel, Juan Francisco I. M., el proceso número 17 en calidad de cómplice, fue declarado inocente por falta de pruebas.
Él no estuvo dentro de las patrullas, pero fue implicado por ejecutar acciones irregulares días después de la desaparición.
En el juicio se conoció que habría arribado a una zona de Taura con un pelotón de soldados a realizar búsquedas. En ese momento encontraron prendas de vestir de los menores, que fueron levantadas sin los protocolos adecuados.
No obstante, los jueces manifestaron que “no se ha acreditado la responsabilidad penal en el delito de desaparición forzada”, ya que no existen pruebas directas ni indirectas contra él.
Revise también: Presunto extorsionador que habría incendiado buses y taxis fue capturado en Los Ríos
¿QUÉ VIENE?
Tras la resolución del Tribunal, iniciará otra lucha: saber qué pasó luego de que los menores fueron abandonados en Taura. La Fiscalía mantiene una investigación por el delito de secuestro con resultado de muerte.
Durante el proceso judicial, un hombre, identificado como Luigi V., aseguró en una primera versión que alias ‘Momo’, un líder local de la banda criminal ‘Los Lobos’, que opera en Taura, dio la orden para asesinar a los menores e incluso especificó los apodos de emisarios del cabecilla delictivo.
Sin embargo, el presunto testigo desapareció y no rindió testimonio anticipado, aunque la investigación policial iría encaminada en una teoría similar. En la doceava sesión del juicio, el mayor de Policía, Edwin Sánchez, expuso el contenido de su informe preliminar, de diciembre del 2024, en el que señaló a ‘Momo’ y otros dos integrantes de ‘Las Águilas’ como presuntos autores materiales del crimen.
De hecho, en el celular de ‘Momo’, explotado en el marco de un proceso por el delito de tenencia y tráfico de armas, por el cual fue recapturado en marzo del 2025, se encontró una foto de un hombre con un supuesto uniforme junto a una persona sin camiseta y en pantaloneta.
EN VIVO
El Tribunal, encabezado por el juez José Suárez, dispuso una serie de medidas de reparación y no repetición a favor de las víctimas:
-Para los sentenciados se dispuso una multa de 800 salarios básicos unificados (USD 376.000) y una reparación integral de USD 10.000 por cada uno.
-Disculpas públicas en un medio de comunicación nacional
-Una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura y colocación de una placa con los nombres de las víctimas.
-Capacitaciones obligatorias en derechos humanos para personal militar, con una carga mínima de 120 horas anuales, enfocadas en intervenciones con civiles, sobre todo grupos prioritarios.
-En cuanto a las versiones erróneas sobre el supuesto cometimiento de un delito por parte de los menores, que nunca se logró comprobar, el Tribunal dispuso la emisión de una rectificación pública en la que resalte que los menores fueron víctimas inocentes de un crimen de Estado.
Por ello, los sentenciados y las instituciones estatales involucradas deben publicar un texto titulado de la siguiente manera: “Rectificación y verdad: inocencia de las víctimas del caso Malvinas”. Ahí se deberá especificar que los cuatro menores no eran delincuentes, sino víctimas de desaparición forzada.
El teniente coronel, Juan Francisco I. M., el último procesado en calidad de cómplice, fue declarado inocente por el Tribunal.
Los jueces manifestaron que “no se ha acreditado la responsabilidad penal en el delito de desaparición forzada”, ya que no existen pruebas directas ni indirectas contra él que acrediten que haya tenido una participación dolosa o haya contribuido a la privación de libertad de los menores.
Por ello, el juez ponente José Suárez dispuso que se levanten todas las medidas cautelares que pesaban sobre el teniente coronel.
Juan Francisco I. M. era acusado de ejecutar acciones irregulares días después de la desaparición.
Durante el juicio, se conoció que habría arribado a una zona de Taura con un pelotón de soldados a realizar búsquedas. En ese momento encontraron prendas de vestir de los menores, que fueron levantadas sin los protocolos adecuados.
Juez declara la culpabilidad de los 16 uniformados que conformaban las patrullas en calidad de autores directos.
Por lo tanto, aceptó la solicitud de la Fiscalía: 30 meses de prisión para cooperadores eficaces y 34 años y 8 meses para otros 11 uniformados como autores directos.
Además, se dispuso el pago de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados (USD 376.000) y una reparación integral que incluye el pago de 10.000 dólares por cada procesado.
El juez manifestó que los 16 militares tienen responsabilidad. "Es imposible que estando en dos camionetas no se percaten de las agresiones: disparos, correazos, etc".
“El Tribunal considera que no tiene justificativo la situación de estos procesados, que justifican su actuar en la obediencia debida”
Agregó que la detención de los menores "no fue un control de rutina" y que se ha demostrado la "crueldad" a la que fueron sometidos.
El magistrado indicó que la versión del subteniente Zabala, quien había dicho que primero iban a llevar a los menores al UPC de Virgen de Fátima, es “insostenible”, ya que hay pruebas de GPS y sus propios compañeros lo señalan como la persona que dio la idea de llevarlos a una fosa.
“También, realizó disparos intimidatorios y ordenó: “pelense” que significa desnudarse”
Juez asegura que las patrullas actuaron como una "empresa criminal", ya que unos militares se encargaron de la retención y otros daban seguridad.
Por lo tanto, el magistrado asegura que están ante un delito de desaparición forzada.
"Ninguno de los miembros de la patrulla se disoció del comportamiento delictivo", aclaró el juez sobre la responsabilidad de los 16 implicados.
Además, recordó la cadena de agresiones contra las víctimas: disparos, obligados a desnudarse, lanzaron la ropa a matorrales donde había cadena, forzados a mover el árbol, abandonados observando que es un sector desolado.
También, habló sobre acciones de encubrimiento por parte de los militares: chat grupal, reportes falsos omitiendo detalles. "No se puede considerar que los hayan dejado sanos y salvos".
Agregó que hubo intención de "alinear versiones y ocultar la verdad".
El magistrado detalla tres omisiones de las patrullas al detener a los cuatro menores:
-Omite el deber ineludible de comunicar la aprehensión al ECU 911
-Entregar a la Policía Nacional para judicialización de ser el caso
-Garantizar su integridad física
El juez ponente José Jovanny Suárez Chávez declara válido todo lo actuado en el proceso de juicio y empieza a leer la sentencia. Primero hace un recuento del caso.
Empieza la reinstalación de juicio contra 17 militares implicados en desaparición forzada. Hoy se leerá la sentencia.
Secretaria toma lista a los convocados para la audiencia. En la sala se observa la presencia de las familias de los cuatro menores de Las Malvinas.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) convocó a un plantón por la justicia en los exteriores del Complejo Judicial Albán Borja, desde las 08h00.
"Nos reuniremos para esperar colectivamente una sentencia histórica, que puede marcar un precedente clave para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas de desaparición forzada en el Ecuador", apuntó la organización en sus redes sociales.
.png)
.png)
